En 2024, en España se matricularon más coches con enchufe que diésel, pero seguimos rezagados respecto a otros países europeos. Según la European Alternative Fuels Observatory, cerramos el año con un 5,34 % de cuota de mercado en matriculaciones de turismos y furgonetas eléctricas puras (BEV), situándonos por detrás de 24 países europeos.
El camino no es fácil y persisten barreras que ralentizan el despliegue de la movilidad eléctrica, poniendo en riesgo el objetivo del PNIEC de alcanzar 5,5 millones de vehículos eléctricos en 2030, acompañados de una red de puntos de recarga suficiente. En septiembre publicamos el IV Informe OBS “Movilidad Eléctrica en España” donde desde la plataforma Empresas por la Movilidad Sostenible identificamos, en base a indicadores claves, muchas de estas barreras y, al mismo tiempo, muchas propuestas de solución.
Retos de la infraestructura de carga
Si nos centramos en la infraestructura de recarga y con los datos a cierre del 2024, podría parecer que vamos en la dirección correcta, ya que en 2024 creció un 33,2 %, superando los 40.000 puntos según AEDIVE, con un uso medio que sugiere que es suficiente para la flota actual. Sin embargo, el 23 % (11.446 puntos) no están operativos, según ANFAC, lo que evidencia la necesidad de agilizar trámites y mejorar la eficiencia en su puesta en marcha.
De hecho, el IV Informe OBS reveló que los plazos de instalación en España triplican la media europea, lo que ralentiza el despliegue de la movilidad eléctrica y genera desconfianza entre los clientes y potenciales usuarios al influir en la percepción de que cargar un vehículo eléctrico resulta complicado, costoso y poco fiable.
Se requieren medidas urgentes, como las planteadas en la consulta de la CNMC sobre infraestructuras de recarga. Problemas como la concentración del mercado, la falta de acceso a la información relativa a la capacidad disponible y el reparto de la misma, el incumplimiento normativo y la falta de transparencia e interoperabilidad (criterio exigido por ley a nivel europeo), siguen siendo barreras clave para la expansión de la movilidad eléctrica.
Por eso, más allá de indicadores cuantitativos, es fundamental analizar indicadores cualitativos que reflejen si la infraestructura satisface las necesidades reales de los usuarios.
La instalación de carga rápida y ultrarrápida es clave para cumplir la normativa AFIR, asegurar el suministro en viajes largos y cubrir las necesidades de los vehículos pesados. De ahí la apuesta y el crecimiento que han tenido en el 2024. También es crucial fomentar la carga vinculada, para la que cada vez hay más soluciones en el mercado y avances como los acuerdos con administradores de fincas.
La apuesta por la carga lenta
Pero, si queremos democratizar la movilidad eléctrica, hay otro reto a abordar. Y es que España es el segundo país a nivel europeo donde más población vive en pisos (64,6%) y solo tres de cada diez vehículos pueden acceder a una carga nocturna en un garaje privado. Es por ello que pasa a ser una medida especialmente relevante disponer de una infraestructura de recarga pública que cubra las necesidades de recarga habitual a quienes no disponen de parking.
Hablamos de una apuesta por la carga lenta en espacio público, o como deberíamos de empezar a llamar “carga rentable de estacionamiento”. Rentable porque los puntos de recarga en corriente alterna (AC) tienen menores costes de instalación y mantenimiento, menor coste para el usuario, un uso racional y eficiente de la electricidad, reduciendo picos de demanda y son la mejor opción para alargar la vida de las baterías, además de para entornos donde los coches pasan horas estacionados.
En otros países los ciudadanos demandan carga en vía pública igual que exigen alumbrado público
Recientemente, he conocido la experiencia de primera mano de la empresa con la mayor red de carga AC en vía pública en Europa. Y conocer cómo en otros países los ciudadanos demandan este servicio al igual que exigen alumbrado público o mobiliario urbano resulta inspirador. Cómo a través de un modelo concesional llave en mano, la empresa asume todos los costes y responsabilidades de instalación, puesta en marcha, mantenimiento y atención al cliente. Soluciones que están suponiendo licitaciones de miles de puntos de recarga “rentables de estacionamiento”. Porque los datos lo respaldan: en ciudades europeas donde se ha implementado masivamente, la adopción de vehículos eléctricos se ha disparado al eliminar una barrera clave y democratizar el acceso a la recarga.
Entonces, si es clave y ya hay soluciones ¿por qué este modelo no se está replicando en España? Una vez más, uno de los principales cuellos de botella en la instalación de puntos de recarga en vía pública radica en la burocracia. La falta de armonización entre territorios agrava el problema, dificultando que empresas especializadas puedan desarrollar proyectos de manera eficiente.
Una solución que pasa por la cooperación
Para superar este obstáculo, es necesario adoptar un enfoque facilitador, proporcionando información y simplificando los procesos administrativos. Los ayuntamientos necesitan apoyo para agilizar trámites y adaptarse a los cambios tecnológicos y normativos.
La movilidad eléctrica no es solo una revolución tecnológica o ambiental, también es una oportunidad para transformar nuestras ciudades y economías. Desarrollar una red de carga rentable de estacionamiento mejoraría la calidad de vida urbana y aceleraría la transición hacia un transporte sostenible.
Para lograrlo, debemos cambiar nuestra percepción y tratar esta infraestructura como un servicio esencial, al igual que el alumbrado público o la gestión de residuos. Esto no solo haría más asequible y cómoda la movilidad eléctrica para millones de personas, sino que también podría convertir a España en un referente en la transición hacia un transporte sostenible.
Tenemos que avanzar con paso firme, pero a mayor velocidad. ¿Será la carga lenta o rentable de estacionamiento la clave de la aceleración en este viaje?