4.400 millones de personas. Esta es la cifra de población mundial que viven en ciudades (un 56% del total). Y, pese a los grandes debates de política pública relativos a la vuelta a los espacios rurales, lo cierto es que la tendencia no será esa. El Banco Mundial señala que el volumen de población urbana seguirá creciendo de tal modo que 7 de cada 10 personas vivirán en ciudades en 2050.
En España esta situación no es muy diferente. En 2018 el 80% de la población vivía en ciudades, y según el propio Banco, en 2050 será del 88%. Antes, en 2035, la previsión es que solo en Madrid y Barcelona residirán el 28% de los españoles.
En este contexto, construir ciudades que funcionen resulta básico. Y en este punto, la ordenación del espacio común y de su movilidad, la clave del éxito. Todos accediendo a todo con todo tipo de vehículos no será posible. La gobernanza de la movilidad en el espacio público centrará, cada vez más, el diálogo local. Debatir, explicar y hacer pedagogía de las decisiones a adoptar resulta imprescindible si se quiere obtener una cierta aceptación social de medidas que, sí o sí, aunque nos pese, serán restrictivas del uso del espacio público.
Es en este espacio de debate donde aparecerá, pese a que lo demoremos por miedos políticos, una herramienta principal: el peaje urbano. El espacio urbano compartido, la calle, es finito. Y el modo de optimizar su uso común pasará por priorizar, sí o sí, a unos sobre otros.
Más concretamente, el vehículo de transporte compartido en un concepto amplio (autobús, taxi, VTC, mercancías, carsharing,..) frente al vehículo de transporte particular. En la actualidad hemos gobernado la priorización solo desde el punto de vista del desplazamiento limpio. Sin embargo, será inevitable afrontarlo cuando nos aproximemos a que la gran mayoría de los desplazamientos sean limpios. El atasco seguirá ahí, eso sí, limpio.
Londres, Estocolmo o Milán, tres ejemplos a seguir
La solución técnica en las grandes ciudades europeas siempre ha venido de una herramienta final: el peaje urbano o pago adicional de determinados desplazamientos en la ciudad. Y su camino en la implementación no será fácil.
El primer paso, explicar sin duda otras experiencias, con sus éxitos y especialmente sus fracasos para evitarlos. Ciudades como Londres, Estocolmo o Milán han implementado con éxito sistemas de tarificación vial con el objetivo de reducir la congestión y la contaminación.
En Londres, la Congestion Charge, vigente desde 2003, ha conseguido disminuir en más de un 20% el tráfico en el centro de la ciudad y ha incentivado el uso del transporte público.
Por su parte, en Estocolmo, la implantación del peaje urbano se sometió a referéndum en 2006, y a pesar de la oposición inicial, terminó recibiendo el apoyo ciudadano tras comprobarse sus beneficios: reducción del tráfico en un 30%, menores tiempos de desplazamiento y una notable mejora en la calidad del aire.
En Milán, el sistema Area C ha combinado un peaje urbano con políticas de restricción a los vehículos más contaminantes, logrando una reducción del tráfico de más del 20% y una mejora significativa en los niveles de calidad del aire.
Estas experiencias europeas demuestran que el peaje urbano no solo es eficaz, sino, más importante aún en estos tiempos, que también puede contar con el respaldo de la ciudadanía cuando los beneficios son tangibles.
España se enfrenta a una realidad compleja. Las ciudades españolas no solo están experimentando un aumento de la población, sino que su morfología y disposición histórica hacen que la movilidad privada sea particularmente problemática. Madrid y Barcelona son dos de las ciudades más densamente pobladas de Europa, con limitaciones estructurales que hacen que el crecimiento del parque automovilístico sea insostenible sin afectar gravemente la fluidez del tráfico, la calidad del aire y la ocupación del espacio en superficie.
A pesar de los avances en la restricción del tráfico en áreas específicas, como Madrid Central o la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de Barcelona, aún existe una alta dependencia del coche privado. El Gobierno de España ha dado un paso adelante con el Proyecto de Ley de Movilidad Sostenible (aún en debate), una legislación que busca impulsar el transporte público, fomentar la movilidad activa y reducir la contaminación derivada del tráfico. En este contexto, el peaje urbano aparecerá como medida más de una estrategia más amplia de movilidad responsable.
Una medida igual para todo el mundo
A pesar de sus beneficios, el peaje urbano no está exento de polémica. Es lógico: cualquier medida que implique un pago adicional es recibida con escepticismo y, en muchos casos, con rechazo frontal. Sin embargo, su éxito radicará en su diseño con dos características: justo y aceptado como justo.
Para ello, además de fijarnos en experiencias internacionales, deberemos estudiar otras grandes medidas implementadas en nuestro país. La reforma fiscal de los años 70 (donde avanzamos progresivamente desde el sistema de módulos hasta nuestro actual IRPF) nos puede dar algunas pistas.
En todo caso, no hacer nada, no decidir, a medida que pase el tiempo no será una solución, porque el problema irá creciendo. El espacio es el que es, y los atascos son los que son. En el lado opuesto, decidir de una manera “radical” puede generar problemas aún mayores de los que pretende evitar. La gobernanza mayoritariamente consensuada de la decisión, responsable, será la clave del éxito.