La última iniciativa de la Generalitat de Cataluña y las reacciones de las asociaciones del sector han generado un intenso debate. El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, presentó recientemente un ambicioso plan para impulsar el vehículo eléctrico en Cataluña. La Asociación Nacional de Empresas del Sector de Dos Ruedas (ANESDOR) ha alzado la voz ante la supuesta intención de limitar el uso de las motocicletas de combustión antes de 2030.
El plan anunciado por Illa pretende movilizar 1.400 millones de euros para favorecer la adopción de vehículos eléctricos en el territorio, junto con la creación de 9.000 nuevos puntos de recarga públicos hasta el año 2030. Esta iniciativa busca no solo modernizar el parque automovilístico, sino también contribuir de forma decisiva a la reducción de emisiones contaminantes y a la mejora de la calidad del aire en las ciudades. Para muchos, se trata de una oportunidad única de apostar por una movilidad sostenible y de posicionar a Cataluña como una región líder en innovación tecnológica y medioambiental.
Anesdor pide explicaciones por el tratamiento de las motos en este plan
Sin embargo, en medio de las celebraciones por esta inyección de capital y el impulso a la movilidad eléctrica, ha surgido una polémica en torno a las posibles restricciones a las motocicletas de combustión.
Textualmente, el Plan contempla en el punto 2 del eje “Impulsar la demanda del vehículo eléctrico” el siguiente párrafo que extraemos literalmente: “Promoción de la limitación paulatina de la motocicleta de combustión. Paralelamente a la implementación de restricciones graduales de circulación de motocicletas de combustión con etiquetas ambientales B y C, se establecerá un programa de transición industrial para promover la producción, distribución y reparación de motocicletas eléctricas”.
En un comunicado emitido por Anesdor calificó de “inaceptable” la idea de imponer limitaciones a este tipo de vehículos antes de 2030. La asociación advierte que una medida de este tipo podría afectar a más de 1.180.000 motos censadas en Cataluña, lo que, según su perspectiva, supondría una discriminación respecto a otros vehículos.
El secretario general de Anesdor, José María Riaño, enfatizó en su declaración que “incluir la medida de restringir todas las motos de combustión, discriminándolas respecto a otros vehículos, es simplemente inaceptable”. Para la patronal, la intención debería centrarse en potenciar la movilidad sostenible sin penalizar de forma indiscriminada a los propietarios de motocicletas de combustión. Este posicionamiento cobra especial relevancia en un sector en el que la movilidad eléctrica también está ganando terreno, y que necesita un impulso desde el punto de vista industrial y de usuario.
Por otro lado, fuentes cercanas al Ejecutivo han desmentido que el plan tenga como objetivo establecer restricciones graduales a las motos de combustión. Según estas fuentes, la voluntad del plan es incentivar el uso del vehículo eléctrico, sin introducir limitaciones adicionales a las ya contempladas en la normativa europea vigente. La Generalitat ha matizado que las medidas que se adopten se enmarcarán dentro del horizonte marcado por la legislación comunitaria, asegurando que el foco de la iniciativa es, ante todo, la promoción de tecnologías más limpias y eficientes.
En este sentido, las autoridades han mostrado una actitud de apertura y colaboración. Las fuentes de la Generalitat han agradecido a Anesdor la “buena recepción” del plan de movilidad eléctrica y han expresado su deseo de trabajar conjuntamente con la patronal para implementar la iniciativa y aclarar todas las dudas que pudieran surgir. Este acercamiento apunta a un diálogo constructivo que permita integrar las necesidades del sector de dos ruedas con las metas ambientales y de innovación tecnológica que se persiguen en Cataluña.
El Plan de incentivos de Cataluña
El plan de 1.400 millones de euros representa un hito en el camino hacia una movilidad más sostenible. Para los ciudadanos, estos avances significan una mayor accesibilidad a la tecnología eléctrica, la reducción de la dependencia de los combustibles fósiles y, en última instancia, una mejora en la calidad de vida urbana.
Para la industria, se abren nuevas oportunidades de inversión y desarrollo, tanto en la fabricación de vehículos eléctricos como en la instalación y mantenimiento de infraestructuras de recarga.
A pesar de las controversias, lo que parece indiscutible es la necesidad de avanzar hacia un modelo de transporte que combine eficiencia, sostenibilidad y equidad. Mientras algunos sectores muestran preocupación por posibles restricciones que puedan afectar a la movilidad en dos ruedas, las inversiones millonarias y el compromiso institucional con la movilidad eléctrica son pasos firmes hacia un futuro menos contaminante.