Alemania es uno de los países líderes en Europa en lo relativo a la movilidad eléctrica. El Gobierno presidido entonces por Angela Merkel fue de los primeros en sentar las bases de actuación para la agenda de finales de la década. Sin embargo, tras unos años, las estimaciones fijadas por los políticos parecen estar completamente desconectadas de la realidad. Los estudios demuestran que los conductores apenas usan los puntos de carga pública y, con los datos en la mano, el país modificará, por no decir que abandonará, sus objetivos de infraestructura de cara a 2030.
Con cada vez más coches eléctricos circulando por las carreteras alemanas, los estudios de movilidad y comportamiento han demostrado que los conductores prefieren cargar sus vehículos en casa y no en los muchos puntos de la red pública. Actualmente, Alemania tiene alrededor de 85.000 estaciones de carga de acceso público, de las cuales una quinta parte están catalogadas como estaciones de carga rápida. Datos que demuestran que la infraestructura está creciendo de forma paralela con el paquete de vehículos de la economía europea más potente.
Sin embargo, la realidad demuestra que el comportamiento de los usuarios es muy diferente al que se pensaba en un principio. Los conductores de vehículos eléctricos en Alemania prefieren tener cargadores domésticos. Si tenemos en cuenta todos los puntos de carga instalados en el país, por cada punto público se cuentan 10 privados. El Gobierno y las estimaciones esperaban todo lo contrario. Este cambio evidencia el desafío al que se enfrentan muchos países de Europa a la hora de planificar la red de recarga para fomentar el salto al coche eléctrico.
El pasado mes de octubre, el Parlamento alemán aprobó una agenda de propósitos para el año 2030. A finales de la década se espera tener instalados un millón de puntos públicos en calles, estaciones de servicio, centros comerciales y supermercados. Teniendo en cuenta el comportamiento real de los conductores, el objetivo no parece inalcanzable, aunque sí algo innecesario: para qué instalarlos si no se van a usar. Aunque el Gobierno reconoce que el objetivo sigue sobre la mesa, fuentes familiarizadas con la Administración han reconocido que la meta no se perseguirá.
Una decisión que puede considerarse al menos controvertida: los patrones de uso de hoy no tienen por qué ser los mismos que los de mañana. En un futuro (más o menos lejano), el coche eléctrico será con el que se realicen todos los viajes de larga distancia y la necesidad de cargadores rápidos (y ultrarrápidos) será mucho mayor.
¿Podría ser el caso de España?
Una red más amplia de infraestructura de carga podría ser útil a medida que bajan los precios de los vehículos eléctricos y crece la proporción de propietarios sin opciones de carga privadas. Un estudio independiente publicado en 2020 indica que Alemania, probablemente, sólo necesitará entre 440.000 y 843.000 puntos de carga públicos, y sólo alcanzaría el extremo superior de ese rango si la adopción privada es lenta. Este caso podría ser el que se dé en España, donde la integración del coche eléctrico está siendo mucho más progresiva de lo que se esperaba.
Con una cuota de mercado actual de apenas el 4%, el Gobierno de España aspira a tener cinco millones de coches eléctricos en circulación en el año 2030. Así lo establece el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima. En dicha agenda, se estipula que será necesario superar la barrera de los 3,3 millones de puntos de carga, entre privados y públicos. En plazos más cercanos, según las previsiones del ejecutivo, deberíamos cerrar el año 2023 con más de 100.000 puntos repartidos en toda la geografía, algo que parece bastante difícil de cumplir. La burocracia y la lentitud de las administraciones siguen siendo, hoy por hoy, los grandes retos para la expansión rápida de la infraestructura de carga.
