El nombramiento de Elon Musk como líder del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por sus siglas en inglés) en la administración de Donald Trump plantea serios dilemas éticos, pero también legales. Y es que su rol en la administración pública no es compatible legalmente con sus intereses en Tesla, SpaceX o Starlink.
Elon Musk ha llevado a cabo una incesante campaña de apoyo al candidato republicano a la Casa Blanca, el nuevo presidente electo Donald Trump. Aparte de afinidades ideológicas en otros aspectos, el apoyo de Musk a Donald Trump tiene como objetivo tener mayor influencia en la nueva regulación sobre la conducción autónoma, un ámbito de mucho interés para Musk. Nada nuevo bajo el sol: hacer lobby es algo habitual, sobre todo en Estados Unidos.
Pero en este caso hay otro factor a tener en cuenta y es que Musk tendrá relación directa con el gobierno a través del Departamento de Eficiencia Gubernamental, una especie de ministerio creado ex profeso por Trump. El posible conflicto de intereses de Elon Musk no es sólo una cuestión ética, también legal.
Los conflictos de intereses están prohibidos por ley
La ley estadounidense prohíbe a todos los individuos participar en cualquier asunto gubernamental particular que tenga "un efecto directo y predecible sobre sus intereses financieros". Así se recoge, por ejemplo, en la Ley de Ética en el Gobierno de 1978 y en el Código de los Estados Unidos de América (Título 18). Las leyes están diseñadas para garantizar que los empleados públicos actúen de manera imparcial y desinteresada.
La ley de conflicto de intereses especifica que "cualquier persona que desempeñe servicios para una agencia del estado o mantenga una posición estatal, ya sea remunerada o no, incluyendo empleados estatales a tiempo completo y medio tiempo, oficiales elegidos, voluntarios y consultores, es un empleado estatal bajo la ley de conflicto de interés". No hay que ser empleado a tiempo completo ni tener un salario para ser considerado un empleado del estado cuando se trata de posibles conflictos de intereses.
Musk no tendrá un empleo oficial ni un salario a cargo del erario público, pero sus conflictos de interés son más que evidentes. Por ejemplo, una de sus propuestas para mejorar el transporte público en ciudades muy pobladas es hacer túneles subterráneos como los de The Boring Company, una empresa de su propiedad. Por otro lado, la administración Trump está planeando una normativa más laxa para la conducción autónoma, un negocio en el que Musk y Tesla tienen un interés evidente y muy jugoso económicamente. Y en el que indudablemente Musk quiere influir a su favor.
Con la ley en la mano, Musk tendría que desvincularse de sus empresas
Musk es el mayor accionista de Tesla y SpaceX, y propietario de The Boring Company, SolarCity, Starlink y la red social X (antes Twitter). Estando en el gobierno, aunque sea con una agencia pequeña, tendría influencia sobre decisiones que podrían beneficiar directamente a sus empresas, generando un conflicto entre sus intereses privados y sus deberes públicos.
Si quiere entrar en política, para cumplir con la ley, Musk tendría que desvincularse completamente de sus empresas, incluida la todopoderosa Tesla y la puntera SpaceX. Esto significaría vender su participación y renunciar al cargo de director ejecutivo (CEO) en ambas empresas. Podemos estar seguros de que eso no va a ocurrir. Al margen de lo estrictamente legal, esta situación crea un dilema ético imposible de ignorar.
Existe el precedente de Rex Wayne Tillerson, secretario de Estado de Estados Unidos entre 2017 y 2018, que se vio obligado a vender activos y crear fideicomisos para evitar conflictos de interés. A diferencia de Musk, su cargo era del más alto nivel. Tillerson fue director ejecutivo de ExxonMobil entre 2006 y 2016, la mayor empresa petrolera y gasista de Estados Unidos y una de las mayores compañías del mundo. En algunos casos, la ley permite otorgar exenciones si la participación de un individuo no afecta significativamente la imparcialidad del gobierno.
