En los Países Bajos, dónde montar en bicicleta es casi más habitual que caminar, están comenzando a encontrarse con un problema que antes no tenían: las bicicletas eléctricas trucadas. En las denuncias registradas por accidentes, aparecen cada vez con más frecuencia este tipo de vehículos, modificados por sus dueños para eliminar el límite de velocidad y aumentar su potencia. Un tiro en el pie para para aquellos que defienden que habría que modificar la legislación para fomentar el uso de la bicicleta.
La normativa europea para que las bicicletas eléctricas sean consideradas vehículos EPAC es clara y contundente, y también es discutible. Pero, mientras exista, hay que cumplirla. Este cumplimiento corre a cargo de los propios ciclistas y también de los fabricantes, que deben informar a sus clientes de la normativa existente y de qué tipo de vehículo están vendiendo:
- Su motor eléctrico no debe superar los 250 W de potencia.
- Este solo asiste al ciclista si hace girar los pedales y, como mucho, hasta los 25 km/h.
- No puede existir un acelerador o un impulsor que ponga en marcha el motor sin pedalear.
El hackeo, más habitual en Europa
El hackeo, la piratería o la manipulación de las bicicletas eléctricas es una práctica que algunos usuarios utilizan para saltarse estas restricciones electrónicas. Es más habitual en Europa que en otras regiones del mundo, ya que las limitaciones de velocidad y potencia son mucho más estrictas que, por ejemplo, en Estados Unidos.
Si bien algunos fabricantes venden bicicletas eléctricas que no cumplen la normativa sin advertir de ello al comprador, la mayoría de los hackeos son caseros. Con la ayuda de tutoriales, vídeos y dispositivos que es posible adquirir con facilidad, se pueden conseguir resultados sorprendentes. Muchos de los que recurren a esta modificación buscan aumentar la velocidad de su bicicleta eléctrica para llegar más rápido a su destino. Otros añaden un acelerador que permite que la asistencia eléctrica esté presente incluso sin pedalear, lo que acerca el funcionamiento de estos vehículos al de los ciclomotores.
En cualquier caso, esta práctica tiene implicaciones en la seguridad vial, lo que ha llevado a convertirlas en una pieza clave para las autoridades, como demuestra el incremento de la cifra de atropellos de peatones con bicicletas eléctricas pirateadas. Se trata de modificaciones que no pueden observarse a simple vista, lo que complica mucho los procedimientos sancionadores.
El caso de las hiperbikes
Es importante no confundir las bicicletas pirateadas con las hiperbikes (también conocidas como Speed Pedelec) fabricadas ex profeso sabiendo que no cumplen las normas, pero con una finalidad clara.
Algunos fabricantes, como VanMoof o BMW, han levantado la voz para que la normativa facilite que una bicicleta que no sea estrictamente Pedelec pueda ser utilizada como tal en una ciudad, cuando las circunstancias lo permiten. La limitación de la potencia del motor y de la velocidad de asistencia hace que muchos ciclistas se sientan indefensos en el tráfico, puesto que la diferencia de velocidad con el resto de los vehículos la vía es muy grande.
Para ello, proponen, además de aumentar la potencia y la velocidad, añadir un acelerador. Aquí es donde la tecnología tiene mucho que decir. El Geofencing (el uso de geovallas) lleva décadas entre nosotros, pero nunca se ha aplicado a las bicicletas eléctricas privadas. Sí lo usan los vehículos eléctricos de alquiler, incluidas las bicicletas, para evitar que los usuarios se salgan de la zona en la que se ofrece el servicio.
Geofencing es la implementación de barreras geolocalizadas que delimitan zonas y entornos. Un ordenador conectado a internet, un GPS que posiciona en tiempo real la bicicleta y un software que recibe los datos y toma decisiones son las tres patas de la tecnología.
Ubicada la bicicleta, el sistema decidirá en función del entorno si en este momento se limita su velocidad a 25 km/h o puede aumentarse hasta los 45 km/h (o más). El ciclista no podrá modificar la decisión del sistema y simplemente recibirá la información de en qué modo puede circular en cada momento.
En el caso de que se circule por un carril bici convencional, únicamente rodeado por bicicletas, la velocidad se limitará a 25 km/h. Cuando se incorpore al tráfico y comparta la vía con otros vehículos más potentes, se desbloqueará la limitación y podrá hacer uso del extra de potencia y velocidad. De esta forma estará en igualdad de condiciones con el resto de los usuarios de la vía, circule por donde circule. Evidentemente, para desplegar toda esta tecnología también es imprescindible trabajar sobre las infraestructuras ciclistas.
A la conquista de las ciudades
Esta ampliación de los límites en las especificaciones de las bicicletas eléctricas tiene la capacidad de cambiar las ciudades. En muchas de ellas ya se baraja reducir la velocidad máxima permitida para los automóviles de 50 km/h a 30 km/h. Esta reducción facilitaría la integración de las hiperbikes en el tráfico.
Dotadas, además, de una autonomía suficiente para realizar muchos de los desplazamientos que hoy requieren las grandes ciudades, pueden dar servicio tanto a particulares como a profesionales. Sus beneficios medioambientales son indiscutibles, ayudan a descongestionar el tráfico de las ciudades y, además, suponen un beneficio claro para la salud.
Cambios en la normativa
Como ocurre en muchos otros ámbitos, el mayor problema de las hiperbikes no llega por las limitaciones tecnológicas sino por las legislativas. Implica cambios en la normativa de tráfico, en los permisos necesarios para poder circular con un vehículo de estas características y en los seguros, porque en unos casos es una bicicleta y en otros un ciclomotor.
Con el vertiginoso cambio que está experimentando la movilidad urbana, la discusión de estas regulaciones se está convirtiendo en un punto primordial. La atención mediática e institucional está impulsando a la Unión Europea y sus estados miembros a decidir cómo regular su convivencia en las calles así como sus requisitos de seguridad. La presencia de bicicletas pirateadas que se ven implicadas en accidentes, alejan la posibilidad de que algún día pueda verse con buenos ojos un cambio real en las normativas.
