La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha defendido la subida de impuestos al diésel como una medida de fiscalidad 'verde' y que se enmarca dentro del periodo de transición hacia una movilidad eficiente y sostenible que marca Europa y que ya han iniciado ciudades como París o Londres.
Ribera ha contestado al portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, Guillermo Mariscal, en la sesión de control al Gobierno en el Pleno del Congreso que ha sido el propio presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, quien se ha comprometido a que dicho gravamen no afecte a los conductores profesionales.
Sánchez confirmó a principios de mes que la subida de impuestos al diésel irá incluida en los nuevos Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2019 y que de ella quedarán exentos los conductores profesionales, al tiempo que la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, lo calificaba de "globo sonda" y que posteriormente rectificó.
"La OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) y todos los organismos internacionales alertan de la importancia de trabajar en esta dirección. No se van a ver afectados los propietarios de los coches de hoy", apuntó Ribera.
Mariscal le pidió a Ribera "responsabilidad" ante una medida que afecta a 40.000 empleos directos en el sector de la automoción. En España se fabrican tres millones de vehículos al año entre sus 17 factorías y 1,4 millones de unidades son vehículos diésel. "El Partido Popular sí cree en un transporte de cero emisiones, que exige un periodo de transición para que se adapte la industria y los consumidores". subrayó.
En este sentido, Mariscal le instó a la ministra para la Transición Ecológica a que ponga en marcha los 50 millones de incentivo a la compra de vehículos alternativos y para la instalación de puntos de recarga, recogidos en los últimos Presupuestos Generales del Estado (PGE) aprobados por el Partido Popular.
Por su parte, Ribera aseguró que el Gobierno trabajará en cómo ofrecer una movilidad sostenible en España y que acompañará a la industria automovilística en este proceso de modernización para que siga teniendo el peso en el empleo y en el PIB (11% del total) del que goza en la actualidad.
El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo aprobó a finales de agosto un régimen transitorio a la aplicación del nuevo ciclo de homologación de consumos y emisiones WLTP (Procedimiento Mundial Armonizado para Ensayos de Vehículos Ligeros, por sus siglas en inglés) hasta el 31 de diciembre de 2020, de forma que se usarán unos valores correlados para reducir el impacto sobre el sector.