A Europa se le llena la boca cada vez que habla del coche eléctrico y de la llegada de la movilidad sostenible y de cero emisiones, pero los sueños pocas veces tienen que ver con la realidad, más bien todo lo contrario. La electromovilidad es el futuro, pero los plazos fijados por el Parlamento y por los gobiernos no parecen ajustarse a la verdad de la industria. España se sitúa en los puestos de cola en cuanto a penetración del coche eléctrico. Los motivos son varios, pero uno de ellos, fundamental, es la red de carga. El Plan de Recuperación contemplaba un panorama que no se está cumpliendo y, por eso, el Gobierno ha decidido retrasar dos años la expansión de la red de carga pública.
Cuando se le pregunta a un conductor sobre su intención de compra de un coche eléctrico la mayoría de ellos indica dos problemas fundamentales, el precio y la carga. En lo que se refiere al primer aspecto, no podemos negar que los coches eléctricos son más caros que los modelos de combustión, aunque la brecha se está cerrando por la subida de las tarifas. Además, el Gobierno promueve las ayudas a la compra de vehículos sostenibles y también ofrece una deducción de hasta el 15% en el IRPF, pero ninguna de esas medidas parece estar incidiendo notablemente en las ventas.
La infraestructura pública, el talón de aquiles del coche eléctrico
Con respecto a la red de carga pública el problema es incluso más grave. España cuenta con una infraestructura muy débil. Faltan puntos de carga y los pocos operativos que hay, si nos comparamos con otros países de la Unión Europea, generan situaciones de confusión. Muchos de ellos ni siquiera operan correctamente. Se calcula que 1 de cada 4 puntos de carga no funciona. A fecha del pasado mes de junio, nuestra geografía contaba con un total de 22.760 cargadores operativos en vías públicas. Una cifra muy lejana a lo estimado y prometido por el Gobierno central.
El Ejecutivo presidido por Pedro Sánchez fijó un objetivo excesivamente positivo para lo que estamos viviendo. En la primera mitad del año apenas se han instalado, según ANFAC, 4.632 puntos de carga. Tal y como recoge la agenda del Plan de Recuperación, al cierre de este año debería haber instalados entre 80.000 y 110.000 puntos de carga en nuestras carreteras. Si tenemos en cuenta el ritmo actual, costará unos seis años llegar a esas cifras. Dicho de otra manera, el ritmo es excesivamente lento y, por ello, el Gobierno ha tenido que recalcular la situación, retrasando dos años la agenda.
La infraestructura de carga crece, pero no tan rápido como debería. La desconfianza que genera la recarga desanima a muchos conductores a dar el paso definitivo al vehículo eléctrico. Muchos clientes no pueden disponer de un punto individual y, ahora mismo, confiar la recarga en la red pública es demasiado riesgo. Las trabas burocráticas y el tiempo de espera para la instalación y activación de un punto suponen, a su vez, un lastre para la rápida expansión de la red. El Gobierno se ha comprometido con la Unión Europea a acelerar el proceso, llegando a una suma agregada de 348.000 puntos de carga y vehículos eléctricos en el tercer trimestre de 2026.
