Los coches modernos, sean eléctricos o no, han avanzado tanto en materia de conectividad que se han convertido en smartphones sobre ruedas en ese sentido. Para lo bueno y para lo malo, y lo malo en este caso tiene que ver con la privacidad y la recopilación (y venta) de datos personales de los conductores.
Vivimos en la era de los datos. Son una de las mercancías más importantes actualmente y los fabricantes de coches también negocian con ellos, según ha descubierto el New York Times. El quid de la cuestión es que se hace sin el conocimiento de los propietarios o sin consentimiento claro por su parte.
Hace unos meses, la periodista Kashmir Hill, propietaria de un Chevrolet Bolt, descubrió que su coche recopilaba información detallada sobre sus hábitos de conducción y la vendía a intermediarios que trabajaban con aseguradoras. Hill publicó que su coche, el Bolt, no era el único modelo que recopilaba este tipo de datos personales.
Esta información se utilizaba luego para ajustar las primas del seguro, muchas veces sin que los conductores fueran conscientes de ello, o con un consentimiento oculto en los interminables documentos de términos y condiciones (que, dicho sea de paso, la mayoría de veces aceptamos sin leer completamente).
Así pues, las aseguradoras pueden saber, gracias a los datos recopilados por el vehículo y vendidos por el fabricante, si un cliente suele exceder los límites de velocidad o a qué hora suele utilizar el coche y con qué frecuencia. De esta manera, puede crear un perfil de riesgo más elaborado y ajustar así la prima del seguro.
La información publicada por el New York Times ha desencadenado la reacción por parte de dos senadores estadounidenses que buscan frenar estas prácticas. Los senadores Ron Wyden de Oregón y Edward J. Markey de Massachusetts han solicitado a la Comisión Federal de Comercio (FTC) que intervenga.
En una carta dirigida a la FTC, los senadores pidieron llevar a cabo una investigación para saber cómo los fabricantes de automóviles venden a terceros los datos de conducción de millones de estadounidenses, y enfatizaron la necesidad de responsabilizar a las compañías y a sus ejecutivos si se determina que han violado las leyes sobre privacidad, seguridad y protección de datos.
La misiva de los senadores ponía sobre el punto de mira las prácticas de General Motors, Honda y Hyundai. Según los senadores, General Motors y Honda implementaron programas supuestamente de aceptación "voluntaria" para reducir las primas de seguro. Sin embargo, no garantizaban que los datos se utilizarían solamente para ese propósito, dejando abierta la posibilidad de que los conductores pudieran pagar más en lugar de beneficiarse. A raíz de esta investigación, General Motors ya ha anunciado que pondría fin a su colaboración con los intermediarios de datos LexisNexis y Verisk.
Peor es el caso de Hyundai, que inscribió automáticamente a los propietarios de sus coches conectados (es decir, con conexión a Internet) en un programa de puntuación de conducción, compartiendo los datos con Verisk sin el consentimiento informado por parte de los consumidores. Entre 2018 y 2024, Hyundai compartió con Verisk los datos de 1,7 millones de vehículos, recibiendo a cambio más de un millón de dólares. Los senadores destacan que Hyundai no informó a los clientes que sus datos de conducción serían vendidos si activaban la conexión a Internet de sus coches.
Diferentes portavoces de las compañías automovilísticas han defendido este tipo de programas como optativos, aunque esto no resuelve la falta de claridad sobre lo que los clientes realmente estaban aceptando. Un empleado de GM admitió que la empresa sigue compartiendo datos de ubicación anonimizada con una compañía que no quiso identificar.
