Aunque la Dirección General de Tráfico afirmó rotundamente hace unos meses que no precisa de los servicios de ningún particular para llevar a cabo operaciones sancionadoras como radar móvil, una extraña situación que tuvo lugar el año pasado puso en alerta a los conductores españoles. Un vídeo mostraba lo que parecía ser un coche privado con una radar instalado en el salpicadero y colocado de manera estratégica, como suelen hacer los automóviles de la Guardia Civil de Tráfico.
Por aquel entonces, la DGT se desvinculó de aquel asunto, alegando que la carretera en la que se grabaron los hechos era desde hace tiempo competencia del Ayuntamiento de Cazalegas, un pequeño pueblo perteneciente a la provincia de Toledo. Aquello, que sucedió hace justo un año, quedó sin resolver realmente, pues las distintas administraciones se fueron pasando la pelota para evitar ser objetivo de cuantos pedían explicaciones por lo ocurrido.
Un particular con un radar móvil contratado por una empresa con el permiso de la Policía Local
— SocialDrive (@SocialDrive_es) January 24, 2023
ILEGAL 🚫 por no tener un agente
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El argumento que más lógica tuvo entonces fue que el vehículo pertenecía a la empresa Vialine, que se describe en su información oficial como una prestadora de servicios "de apoyo administrativo y jurídico en la gestión de expedientes sancionadores" a las administraciones públicas. Entre sus atribuciones, incluye la "implantación, instalación y mantenimiento" en referencia a dispositivos de seguridad vial.
Y parece que eso es lo que estaban haciendo allí, aunque no exentos de polémica. Las investigaciones de distintos medios también encontraron detalles sobre la contratación de esta misma empresa cántabra por parte del consistorio de La Roda, perteneciente a Albacete.
Con la ley en la mano, lo que podemos decir al respecto es que los dispositivos o radares de control de velocidad que se utilicen con fines sancionadores deben ser legales y estar correctamente homologados y calibrados. Este tipo de especificaciones las gestiona el Centro Español de Metrología. El texto oficial recoge, además, que las tareas de "regulación, ordenación, vigilancia y disciplina del tráfico" se realizarán "por medio de agentes propios" y serán aquellos quienes tengan la competencia.
Esto cierra la puerta legamente a que un civil pueda sancionar por exceso de velocidad a otro civil. Es decir, que sólo alguien que sea Guardia Civil, o su homólogo en otras comunidades, o que pertenezca a alguna de las agrupaciones de la policía nacional o municipal del territorio puede hacerlo. En otras palabras, no será legal mientras la ley no cambie. Por tanto, algo como lo que se dio en Cazalegas sería totalmente ilegal y, por ende, recurrible, en caso de recibir una sanción a través de dicho dispositivo y en las circunstancias descritas.
Pero lo cierto es que no hay que irse muy lejos para encontrar este tipo de radares para particulares perfectamente ajustados a normativa. En Francia, por ejemplo, operan desde 2018 estos radares móviles y, para 2024, ya se ha hecho oficial que elevarán su número hasta los 400.
Lo gestionan a través de empresas privadas escogidas por concurso público. Ellas son las que seleccionan los coches que van a prestar este servicio, entre los que se ofrecen voluntariamente para tal fin. ¿El beneficio? En torno a los 1.500 euros mensuales por seis horas de trabajo en los trayectos y puntos seleccionados.
Desde su puesta en marcha ha habido sonados casos en los que estos vehículos no estaban en las mejores condiciones o incluso en los que se denunciaba que los salarios eran bastante precarios. Pero, pese a las quejas, se mantiene el sistema de las empresas privadas encargadas de instalar estos radares de velocidad en los coches particulares.
La ruta a seguir la tienen marcada en un dispositivo GPS y sancionan a todo vehículo que supere en 10 km/hora o más el límite de velocidad establecido en la vía por la que se circula. El éxito de la medida es tal que se habla de un aumento de la recaudación de las arcas públicas por esta vía de casi 100 millones de euros.
Hay más países utilizando este tipo de radares en coches privados, pero lo que sabemos de los que se utilizan en Francia es que disponen de WiFi y de tecnología LiDAR, por lo que pueden controlar varios carriles y direcciones a la vez. Además, están en permanente contacto con las autoridades y, por su uso y características, tienen más oportunidades para multar a los conductores que superen los límites de velocidad.
De momento, no parece estar entre las intenciones de la DGT en España.
