La popularidad de los patinetes eléctricos como solución de transporte para la última milla en áreas urbanas ha crecido significativamente, siendo aceptados como una alternativa en ciudades de todo el mundo. El modelo de pago por uso a través de aplicaciones móviles facilita su empleo para cualquier tipo de desplazamiento. Sin embargo, esta tendencia tiene implicaciones en forma de accidentes.
Un estudio publicado en 2020 por JAMA Surgery sugiere que los patinetes eléctricos causan más lesiones que las bicicletas, los automóviles e incluso las motocicletas. La consecuencia directa de esta realidad tiene implicaciones para la salud pública, ya que varios estudios indican un aumento en las hospitalizaciones debido a accidentes con estos vehículos. La legislación se ha quedado obsoleta a la hora de tener en cuenta un tipo de vehículo que antes solo era un juguete para niños.
El Gobierno se pone al día con Europa
El ejecutivo de Pedro Sánchez ha aprobado un proyecto de ley que obligará a los propietarios de patinetes eléctricos a contar con un seguro de responsabilidad civil. Además, se establecerá un registro para estos vehículos ligeros, que deberá estar operativo antes del 2 de enero de 2026.
Según la nueva legislación, se considerarán vehículos a motor aquellos que puedan alcanzar una velocidad máxima de fabricación superior a 25 km/h o que tengan un peso neto superior a 25 kg y una velocidad máxima de fabricación de más de 14 km/h.
El objetivo es "mejorar la cobertura, las indemnizaciones y la seguridad de las víctimas de accidentes de tráfico", según anunció la ministra de Educación y Formación Profesional y portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría. De esta forma, el Gobierno ha aprobado la ley que modifica el texto refundido de la ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor de 2004, posicionando a España entre los países que han incorporado la última directiva europea aprobada en noviembre de 2021, que clarifica la definición de vehículo a motor y el concepto de circulación.
Los conceptos que se aclaran en la nueva ley
De acuerdo con la jurisprudencia europea, el concepto de "hecho de la circulación" se aclara y amplía para incluir "toda utilización de un vehículo" en el momento del accidente, sin importar sus características, el terreno, o si el vehículo está parado o en movimiento.
Además, la nueva legislación introduce mejoras en el sistema de valoración de indemnizaciones por daños personales en accidentes de tráfico mediante un nuevo "baremo", y encarga a una comisión de expertos un estudio sobre la conveniencia de un seguro obligatorio para los nuevos vehículos de movilidad personal.
El procedimiento para calcular y pagar indemnizaciones se agiliza, buscando una resolución rápida sin necesidad de recurrir a los juzgados. Los importes de las coberturas se actualizarán conforme al Índice de Precios al Consumo.
Además, la directiva establece que un fondo de garantía en cada país cubra las indemnizaciones a las víctimas en caso de insolvencia de la aseguradora, tarea que en España corresponde al Consorcio de Compensación de Seguros.
La normativa también modifica la ordenación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras, mejorando las facultades de control para asegurar la idoneidad de los dirigentes de las aseguradoras e introduciendo planes preventivos de recuperación.
Un negocio de varios millones de euros
La medida, que también afecta a maquinaria, por ejemplo, agrícola o de construcción, implica que más de dos millones de máquinas deberán ser aseguradas. Esto representará un negocio de 200 millones de euros, de los cuales 30 millones beneficiarán a los distribuidores, según los cálculos más recientes de la Fundación Inade.
