Los entresijos de la Unión Europea son muy complejos. Proposiciones, revisiones, aprobaciones, correcciones y acuerdos son parte del proceso natural de cada normativa y ley que implica cambios tan drásticos como los que se presentan en esta ocasión. Aunque el pasado mes de junio el Parlamento Europeo ratificó el fin de los coches de combustión a partir del 2035, ayer mismo se firmó el esencial acuerdo que compete a todas las partes institucionales. Finalmente la medida entrará en vigor, a pesar de las últimas críticas que hemos visto por parte de directivos y marcas.
No ha sido un proceso fácil, pero la medida supone un nuevo horizonte en la forma en la que nos vamos a mover de cara a los próximos años. Las tres instituciones clave de la Unión Europea, su brazo ejecutivo, la Comisión y el Parlamento, junto a los estados miembro, acordaron ayer mismo el pacto final para exigir a los fabricantes de automóviles el objetivo de cero emisiones para 2035. Los eléctricos serán la única alternativa posible para los conductores, salvo pequeñas excepciones que tampoco tendrán mucho margen de actuación.
Conocida como la "enmienda Ferrari", algunos fabricantes de lujo y altamente exclusivos solicitaron a la Unión Europea un pequeño margen de maniobra para dar el salto exclusivo a la movilidad eléctrica. Finalmente el acuerdo firmado contempla esa prórroga, pero sólo da un año adicional para que cumplan las exigencias de emisiones, algo que posiblemente no contente a nadie. A pesar de ello puede haber un pequeño resquicio que las marcas pueden aprovechar para mantener con vida los motores térmicos.
En el documento de conciliación se recoge un epígrafe no vinculante favorecido por los países miembros que solicitan a la Comisión prorrogar la vida de aquellos vehículos que funciones exclusivamente con combustibles neutros en carbono más allá del año 2035. Los carburantes sintéticos pueden salvar de la extinción el actual negocio de fabricantes como Ferrari, Lamborghini o McLaren, por ejemplo, pero también permitirá que marcas convencionales puedan usar los recursos de los combustibles sintéticos para no dar el salto definitivo a la movilidad eléctrica.
De todos modos muchos fabricantes ya han anunciado su intención de dar el salto para 2035 o incluso antes. Ayer mismo supimos que Volkswagen sólo ofrecerá coches eléctricos en Europa a partir de 2033. La Unión Europea está asombrada con la velocidad a la que están cambiando las gama de vehículos. Frans Timmermans, el máximo responsable del clima de la Unión Europea ha comentado: "Los fabricantes europeos ya están demostrando que están listos para dar un paso adelante con la llegada al mercado de automóviles eléctricos cada vez más asequibles".
Dentro de dicho acuerdo también se recoge la obligación de reducción de emisiones de coches térmicos a partir del 2030. El objetivo actual indicaba una pérdida del 37,5% de emisiones contaminantes, pero tras el acuerdo la exigencia se eleva hasta el 55%. Eso quiere decir que los coches térmicos de 2030 deben emitir un 55% menos de emisiones contaminantes en comparación con los niveles de 2021. Para cumplir tal medida será absolutamente necesario electrificar todos y cada uno de los modelos que pisen la calle, lo que puede suponer un alza de precios.
Algunos grupos parlamentarios temen el "efecto Habana". La entrada en vigor de la norma puede suponer que Europa acumule millones de coches antiguos que seguirán circulando durante muchos años. Recordemos que sólo se prohibirá la venta de coches nuevos, por lo que muchos esperan un alza en los canales de venta alternativos. Jens Gieseke, legislador y negociador del conservador Partido Popular Europeo ha afirmado: "Después de 2035 nuestras calles podrían llenarse de coches antiguos porque los nuevos no están disponibles o no son asequibles. El acuerdo de hoy cierra la puerta a nuevos desarrollos tecnológico y ha puesto todos los huevos en una sola cesta. Es un error".
A pesar de que la normativa es especialmente exigente con los fabricantes, la Unión Europea también tiene trabajo por delante. La aplicación de la normativa exigirá que los países miembro tomen medidas contundentes que supongan una fuerte inversión en energías renovables, infraestructura de carga y, sobre todo, en acuerdos internacionales que garanticen el acceso ininterrumpido a las materias primas necesarias.
