El estudio realizado por Transport & Environment (T&E) y ECODES concluye que España está en la senda correcta para cumplir los objetivos de la Unión Europea en cuanto a número de cargadores para vehículos eléctricos. Pero, tras esta conclusión positiva, también hay obstáculos que provocan que los compradores de un vehículo eléctrico sigan poniendo en duda esta tecnología.
Óscar Pulido, responsable del Programa de Electrificación de Flotas en T&E, explica la singularidad que representa España respecto a otros países europeos y el reflejo que tiene, también en la infraestructura de recarga, la “España vaciada”. Nuestra topografía y su densidad de población requieren soluciones adaptadas a esta singularidad, que está directamente relacionada con la rentabilidad y el mantenimiento de las instalaciones. “Es necesario un plan que se ajuste a la realidad española. Disponer de puntos de recarga en zonas de baja densidad de población y, en especial, en todas las principales carreteras del país es clave para facilitar los viajes fuera de las grandes ciudades, así como dar la posibilidad a empresas y profesionales a operar en esas zonas con vehículos eléctricos”.
España es diferente: una infraestructura mal repartida impide una movilidad eléctrica adecuada
En la última versión del PNIEC (pendiente de aprobación) se fija el objetivo de alcanzar los 5,5 millones de vehículos eléctricos en el año 2030. Para su cumplimiento, la infraestructura de recarga es actualmente un obstáculo a superar cuando debería ser un aliciente para su adopción.
El Reglamento sobre Infraestructuras para Combustibles Alternativos (AFIR) establece un doble objetivo para los estados miembros. El primero se basa en el parque de vehículos eléctricos y el segundo, en la distancia entre esos puntos, fijada en 60 km en las principales carreteras europeas. Si bien el primero se aplica a la flota de todo el país y es el reflejado en el reglamento, es necesario aplicarlo de forma descentralizada, dividiéndola por objetivos provinciales.
En octubre del año 2023 entró en vigor un nuevo reglamento que obliga a instalar cargadores públicos en intervalos regulares a lo largo de las carreteras europeas primarias y secundarias, así como en las mayores ciudades. Antes del 31 de diciembre del año 2024, España está obligada a mandar a la Comisión Europea un marco normativo en el cual se defina la estrategia de implementación del AFIR. T&E recomienda al nuevo Gobierno que tome como ejemplo los planes de despliegue nacional de infraestructura de recarga de otros países como Alemania o Países Bajos, con el objetivo de definir una ruta adecuada para el año 2030.
El estudio de T&E y ECODES se resume en un mapa de distribución de cargadores que puede consultarse de forma interactiva. Los resultados a nivel nacional obtenidos por el informe reflejan que si este año fuera ya uno en el que se debe cumplir la normativa AFIR, España estaría cerca de cumplir los objetivos establecidos en cuanto a la potencia desplegada.
Si nos fijamos en los datos para 2027, año a partir del cual la normativa ha de cumplirse, es necesario aumentar la potencia de recarga desplegada en más de 2,3 veces y multiplicarlos por 10 en 2030. Según el informe de T&E, aunque supone un objetivo ambicioso, es posible conseguirlo como ya se ha hecho entre 2020 a 2023.
Esto se debe al creciente número de vehículos eléctricos, reflejados en el gráfico que enfrenta la potencia a desplegar en función del número de coches 100% eléctricos (BEV) e híbridos enchufables (PHEV) proyectados. El resultado es la evolución del número de puntos de recarga a desplegar en los próximos años.
Sin embargo, en un país donde el 10% de la población vive en el 70% del territorio, es importante disponer de puntos de recarga también en las zonas despobladas. La gran mayoría de los cargadores públicos se encuentran en las provincias que albergan las ciudades más grandes. Madrid y Barcelona, que ocupan un 3% del territorio español, cuentan con el 28% de los cargadores instalados.
En Teruel, que casi dobla en extensión a la Comunidad Autónoma de Madrid, solo hay 61 cargadores. Otros ejemplos los encontramos en Galicia. Las provincias de Orense y Lugo apenas disponen de 52 y 94 puntos de recarga, respectivamente. Por otro lado, en Pontevedra, la cantidad de vehículos en el parque automovilístico provincial por cargador supera los 4.000. Situación que se da únicamente en otras dos provincias: la anteriormente mencionada Orense y en Santa Cruz de Tenerife.
Si bien el despliegue de puntos de recarga es correcto en las grandes ciudades, los objetivos provinciales no van a la par y precisan de objetivos para formar una red funcional que se corresponda con el número de vehículos eléctricos matriculados en cada provincia. Con estos datos, el informe refleja los resultados en el hipotético caso de que el AFIR se realizara a nivel provincial. En esta figura se muestra el porcentaje de cumplimiento para el año 2027 del objetivo basado en flota, asumiendo el crecimiento del parque de vehículos en función del modelo interno de T&E.
En el estudio se refleja también la necesidad de tener en cuenta factores como el turismo y la segunda residencia, que supone que los vehículos se multiplican por periodos estacionales. Asimismo, advierte que también influye la tipología de vivienda, chalet individual, bloques con o sin plaza de garaje, plaza de aparcamiento en propiedad o alquilada, que influye en la recarga doméstica.
Como conclusión final del informe, que se puede consultar por completo en este enlace, Cristian Quilez, responsable de Transporte y Movilidad de ECODES, advierte de que si el despliegue de la infraestructura de recarga se deja “en manos del mercado libre, con las mismas reglas que hoy en día, la inmensa mayoría de los puntos de recarga se instalarán únicamente en lugares donde puedan generar un beneficio económico desde el primer momento”. En consecuencia, recomienda al Gobierno nacional y a los gobiernos regionales “garantizar la cohesión social y vertebración territorial en la implementación de esta infraestructura a través de un mallado similar al de los surtidores actuales para vehículos de combustión fósil“.
