Hasta 2017, las ayudas a la compra de un vehículo eléctrico en España han ido de la mano del gobierno central, estaban incluidas en los Presupuestos Generales del Estado y gestionadas, para todas las Comunidades Autónomas, por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE). En 2018, se cortaron las ayudas, sobre todo porque la situación política no ayudó precisamente a disponer de un plan como el de los años anteriores, bien bajo el nombre de Plan MOVELE, Plan MOVALT, Plan MOVEA o Plan VEA. En 2019, el nuevo paquete de ayudas lleva el nombre de Plan MOVES, alternativo a las ayudas estatales y que reparte su presupuesto, 45 millones de euros, entre las diferentes Comunidades Autónomas.
Las subvenciones del Moves, coordinado por el IDAE y cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), estarán vigentes hasta el 31 de diciembre de 2019 o la finalización del presupuesto disponible. Deberán distribuirse entre un 20% y un 50% para la adquisición de vehículos alternativos y entre un 30% y un 60% para la implantación de infraestructuras de recarga tanto para uso privado, público no residencial y para empresas. De este último porcentaje, como mínimo el 50% debe destinarse a puntos de recarga rápida o ultrarrápida. Por último, el plan también contempla los sistemas de alquiler de bicicletas eléctricas, con un límite de 100.000 euros y la implantación de medidas en planes de transporte al trabajo en empresas con un límite de 200.000 euros.
¿17 planes diferentes?
El nuevo plan otorga cierta flexibilidad a las comunidades autónomas, bajo el criterio de cada administración, para que, según sus necesidades específicas decidan qué cantidad del presupuesto va a parar a cada tecnología propulsora, cumpliendo siempre las bases del Reglamento.
En el Real Decreto aprobado el pasado 8 de marzo por el Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica y del de Industria, Comercio y Turismo se indica la distribución de los 45 millones del presupuesto. Una parte sustancial de los fondos del Plan Moves se la han llevado Andalucía que recibirá 8,09 millones de euros, Cataluña con 7,3 millones de euros y la Comunidad de Madrid con 6,28 millones de euros. El resto se reparte así: Comunidad Valenciana (6,28 millones), Galicia (2,61 millones), Castilla y León (2,34 millones), País Vasco (2,12 millones), Canarias (2,03 millones), Castilla-La Mancha (1,96 millones), Murcia (1,42 millones), Aragón (1,26 millones), Baleares (1,07 millones), Extremadura (1,04 millones), Asturias (1 millón), Navarra (621.520 euros), Cantabria, (560.706 euros), La Rioja (304.734 euros), y las ciudades autónomas Melilla (83.212 euros) y Ceuta (82.091 euros).
Hasta ahora, son once regiones las que se han adherido al programa: Asturias, Andalucía, Baleares, Comunidad Valenciana, Castilla y León, Galicia, Comunidad de Madrid, Murcia, País Vasco y Melilla. Por su parte, Cantabria ha pedido formalmente una solicitud de aplazamiento. La comunidad cántabra, junto con Aragón, fue la única que no aceptó en su día las ayudas del Moves, cuyo plazo de activación concluyó el 16 de abril a las 23.59 horas.
A diferencia de lo sucedido con los planes Movalt y Movea, donde los encargados de gestionar las ayudas eran los concesionarios, ahora son los propios beneficiarios de las ayudas –los compradores– quienes tienen que hacer la solicitud de adhesión al nuevo programa y las gestiones pertinentes. Además, en contra de lo habitual, debe hacerlo antes de comprar el coche o instalar el punto de recarga, según impone la Unión Europea.
Otra novedad es que se elimina la obligatoriedad de que los concesionarios asuman hasta 1.000 euros del coste de instalar un punto de carga vinculado en el domicilio del comprador de un eléctrico. Así pues, para la instalación de un punto de recarga deberemos acudir a la línea de infraestructura del mismo plan.
Adicionalmente, algunas comunidades autónomas cuentan con un plan propio de ayudas a la compra de vehículos eléctricos, como es el caso del Plan Mus de la Comunidad de Madrid,
Las ayudas a los vehículos
Un cambio importante respecto a los planes anteriores es el precio máximo de los vehículos que entran en las ayudas lo que permite que accedan a ellas variantes con baterías más grandes y por lo tanto mayor autonomía, ya disponibles en el mercado, a un precio superior a los 32.000 euros que se aceptaban antes. La cantidad se eleva 8.000 euros, hasta los 40.000, para los turismos (45.000 si es para personas con discapacidad y movilidad reducida y para familias numerosas quienes reciben una ayuda extra de 750 y 500 euros, respectivamente) y 2.000 euros, hasta 10.000, para el caso de las motocicletas eléctricas.
La adquisición de un turismo, furgoneta o camión eléctrico ligero exige el achatarramiento de un turismo categoría M1 de más de diez años, siendo de siete el periodo mínimo para furgonetas o camiones ligeros (N1), lo que deja fuera de las ayudas a la mayoría de los vehículos para el renting y a los vehículos de empresa, aunque en el caso de entrar, el plazo mínimo del contrato tendrá que ser de dos años.
Las tipologías y tecnologías de vehículos que se subvencionan son turismos eléctricos puros (BEV), para los que la cuantía de las ayudas es de 1.300 euros si la autonomía es igual o menor a 12 km y hasta 5.500 euros si es mayor igual a 72 km. En el caso de los eléctricos de autonomía extendida (REEV), los híbridos enchufables (PHEV), los de células de combustible (FCV) y vehículos eléctricos híbridos de células de combustible (FCHV) la horquilla va desde los 6.000 hasta los 15.000 euros. Quedan excluidos del MOVES los turismos GLP y Gas Natural.
En el caso de las furgonetas, furgones y camiones ligeros eléctricos (N1, N2 y N3) las ayudas alcanzan desde los 6.000 hasta los 15.000 euros. En este caso si entra el GLP/Autogás, Gas Natural Comprimido (GNC), Gas Natural Licuado (GNL), o bifuel gasolina-gas que reciben desde los 4.000 euros a los 15.000 euros.
Por último, en el caso de las motocicletas, a estas se les exige disponer de baterías de litio, un motor eléctrico con una potencia del motor igual o superior a 3 kW, y una autonomía mínima de 70 km. La cuantía de las ayudas va desde 600 a 800 euros.
Además, los vehículos nuevos de las categorías M y N que se acojan al programa de ayudas deberán contar con un descuento de al menos mil euros en la factura de venta por parte del fabricante/importador o punto de venta del vehículo adquirido.
Infraestructura de recarga
Para la instalación de puntos de recarga, la subvención es del 30% para empresas privadas y del 40% para personas físicas, comunidades de propietarios y entidades públicas sin actividad comercial o mercantil.
Impuestos
En el caso del impuesto de circulación, este se calcula en función de las emisiones de CO2 de cada vehículo, que en el caso de los vehículos eléctricos puros es cero y por lo tanto están exentos del pago de este tributo.
Además, es posible obtener hasta un 75% de bonificación en el Impuesto de Tracción Mecánica (IVTM) que es gestionado por cada Ayuntamiento, según se refleja en el Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales. El porcentaje de reducción depende de la tecnología del tren de tracción del vehículo y de su incidencia en el medio ambiente.
En el caso del Impuesto de Valor Añadido (IVA) no existe ningún beneficio para los vehículos electrificados ya que estos tributan al 21%, como en el caso de los de combustión, aunque ya se han realizado peticiones al Ministerio de Industria para reducirlo al 10%, con el objetivo de impulsar las ventas.
En el caso de las Pymes, existen reducciones sobre el IRPF que incluyen el apartado del propio Reglamento del impuesto dedicado a los vehículos eficientes.
