La infraestructura de carga rápida para coches eléctricos presenta ciertas disparidades a lo largo y ancho de la geografía, tanto por número (hay grandes desigualdades entre Comunidades) como por confiabilidad. Aunque la situación mejora día a día, no todos los cargadores públicos funcionan siempre o no funcionan como prometen. Tener una buena red de carga rápida es fundamental para generar confianza entre los usuarios de un coche eléctrico (y especialmente, entre los usuarios potenciales). Si no funciona por sí misma, ¿sería una solución regular por ley el buen funcionamiento de los cargadores públicos?
No puede negarse la evidencia: de vez en cuando, acudes a un cargador público y no funciona como debiera. Cada vez es más raro encontrar puntos de carga desconectados, aunque sigue habiéndolos; sí es más frecuente encontrar un cargador que no es todo lo rápido que prometía. Su proveedor te dice que puedes cargar a 150 kW, lo que te garantiza una recarga bastante rápida, pero una vez en el sitio, no va más allá de 40 o 50 kW... Aunque estés tú solo en la estación en ese momento.
Aunque sea lo menos habitual, encontrarse una situación así dos o tres veces al año es suficiente para generar cierta desconfianza a la hora de hacer viajes largos. Además de tener incentivos bien diseñados para la compra de un coche eléctrico, que aumente el uso generalizado de este tipo de vehículos pasa también por desarrollar una infraestructura de recarga pública fiable y confiable. De esta manera, desaparecería la llamada "ansiedad por la autonomía". Pero si la situación no mejora por sí misma, quizá sea el momento de exigirlo por ley.
Las baterías no podrán perder más del 20% de su capacidad en los primeros cinco años de uso. Ese nivel de degradación entra en los límites que garantizan normalmente los fabricantes, pero se pretende regular por normativa en la Unión Europea, Estados Unidos y China. Es una manera de aportar cierta garantía y tranquilidad a los consumidores, y en caso de sufrir una degradación mayor (lo que supone un perjuicio para el comprador), tener amparo legal.
En Reino Unido quieren hacer algo equivalente en lo que se refiere a los cargadores rápidos para los coches eléctricos. Según las nuevas leyes que entrarán en vigor a finales de este año, la red de recarga rápida de vehículos eléctricos del Reino Unido deberá tener un índice de fiabilidad del 99%. Dicen los responsables políticos del país que con esta medida esperan "erradicar la ansiedad por la autonomía" de los vehículos eléctricos y crear una red de recarga "de primera clase". Esto se traduce en que la práctica totalidad de los cargadores deberán funcionar y deberán hacerlo correctamente. Se desconoce qué tipo de penalización se impondría al proveedor en caso de tener un cargador inoperativo, o cómo se procederá si se demuestra que es un fallo puntual (de lo cual nadie está libre).
La normativa forma parte de la 'Estrategia de Infraestructura para Vehículos Eléctricos', que incluye una inversión de 1.600 millones de libras para instalar 300.000 nuevos cargadores en todo Reino Unido de aquí a 2030. Esa cifra supondría tener cinco veces más cargadores que los surtidores de combustible operativos actualmente. Además establecer nuevos requisitos legales para mejorar la fiabilidad de los puntos de recarga públicos, el gobierno también trabaja para garantizar la buena accesibilidad de dichos cargadores a personas con movilidad reducida.
