El pasado jueves 9 de noviembre de 2023, el Parlamento Europeo respaldó la propuesta de texto del Reglamento de Emisiones Euro 7 aprobada hace unas semanas por la Comisión. La normativa se centra en los aspectos medioambientales de los vehículos y en la reducción de sus emisiones. La votación registró 329 votos a favor, 230 en contra y 41 abstenciones. Ahora, el proceso avanza hacia el Consejo Europeo y la Comisión Europea, para concluir su tramitación a principios de diciembre.
Específicamente, el organismo comunitario ha indicado en un comunicado de prensa que el nuevo reglamento actualizará los límites actuales para las emisiones para los óxidos de nitrógeno, las partículas, el monóxido de carbono y el amoníaco. Además, se implementarán nuevas medidas destinadas a reducir las emisiones que provienen de neumáticos y frenos, al mismo tiempo que se buscará aumentar la durabilidad de las baterías.
El texto aprobado continúa los trámites hasta alcanzar a cada estado miembro
Con esta votación, los eurodiputados han expresado su respaldo a los niveles propuestos por la Comisión para las emisiones contaminantes de los automóviles, aunque han sugerido una subdivisión adicional de las emisiones en tres categorías para los vehículos comerciales ligeros, teniendo en cuenta su peso.
El texto plantea límites más rigurosos para las emisiones de los ases de escape, tanto en pruebas de laboratorio como en condiciones reales de conducción, aplicables a autobuses y vehículos pesados. Además, el Parlamento busca armonizar las metodologías de cálculo y los límites de la Unión Europea para las emisiones de partículas de freno y las tasas de abrasión de los neumáticos con las normas internacionales que actualmente está desarrollando la Comisión Económica para Europa.
La ponente de la normativa, Alexandr Vondra, de la República Checa, perteneciente al grupo de los Conservadores y Reformistas Europeos (ECR), destacó que se ha alcanzado "un equilibrio entre los objetivos medioambientales y los intereses vitales de los fabricantes". Añade que "sería contraproducente implementar políticas medioambientales que perjudiquen tanto a la industria europea como a sus ciudadanos. A través de nuestro compromiso, buscamos servir a los intereses de todas las partes involucradas y mantenernos alejados de posiciones extremas".
Los ecologistas frente a los fabricantes
Aunque la propuesta inicial contemplaba un fortalecimiento de los límites que no deberían ser rebasados, la realidad es que no hay cambios significativos en este sentido. El texto actual de la Euro 7 busca generalizar los umbrales más bajos establecidos por Euro 6.
El límite de óxidos de nitrógeno (NOx) para los motores diésel se reducirá a 60 miligramos por kilómetro (mg/km), equiparándose así al estándar ya aplicado a los motores de gasolina. Este cambio ha llevado a figuras destacadas en defensa del medio ambiente, como la eurodiputada Karima Delli, a considerarlo una victoria de la industria automotriz en detrimento de la salud de los ciudadanos europeos.
En un comunicado de prensa, Delli asegura que: "durante siete años, el texto fue saboteado por la presión del lobby automotriz y de algunos Estados miembros". De manera significativa, Francia y Alemania han jugado un papel destacado en la decisión de suavizar las normativas de Euro 7. El ministro francés de Economía, Bruno Le Maire, argumentaba del lado de los fabricantes, asegurando que impondrían limitaciones adicionales para invertir en tecnologías térmicas, a pesar de que Europa ya ha anunciado el fin de la venta de modelos de gasolina y diésel para 2035.
Muchos fabricantes consideraban que la normativa Euro 7 era innecesaria y costosa y que obstaculizaba las inversiones que ya estaban realizando para electrificar sus gamas de vehículos. Los partidarios de una normativa Euro 7 más estricta destacan que el fin de la venta de vehículos térmicos en 2035 no implica su retirada inmediata de las carreteras europeas. Decenas de millones de estos vehículos seguirán circulando mucho después de 2035. La crisis sanitaria y económica ha dilatado los plazos, de modo que la Euro 7, inicialmente programada para 2025, no entrará en vigor hasta 2030.
Tras la aprobación por el Parlamento Europeo, el próximo trámite que tiene que afrontar la normativa es su negociación con cada uno de los gobiernos de los países miembros de la Unión Europea.
