La Ley de Reducción de la Inflación (IRA, por sus siglas en inglés), firmada por el presidente estadounidense Joe Biden en agosto, busca garantizar la equidad entre los ciudadanos después de los daños económicos causados por el Covid-19. Incluye ayudas estatales para determinadas industrias, como el sector del automóvil. Se trata de un paquete climático y energético muy importante que es el pistoletazo de salida para un período de certeza regulatoria que triplicará el tamaño de la industria de energía limpia en EEUU.
La consecuencia más inmediata de esta regulación es que EE.UU. está atrayendo la inversión extranjera a base de miles de millones de dólares, lo que está haciendo mella en los planes europeos, que necesita darle un impulso a la industria del automóvil apoyada en la electrificación. Aunque ahora la normativa está en otro punto de debate, lo cierto es que el Parlamento Europeo ha ratificado la prohibición de vender coches de combustión a partir de 2035 y la reducción de un 55% de emisiones a partir de 2030.
Reaccionando a la IRA estadounidense, la Comisión de la UE ha adaptado las normas que rigen las ayudas estatales, simplificando la aprobación de subvenciones en sectores clave como las baterías y las energías renovables. La enmienda da a los estados miembros de la UE un mayor margen de maniobra para proporcionar fondos públicos en forma de subvenciones, préstamos o créditos fiscales.
En los casos en que el riesgo de reubicación sea alto, con la consiguiente pérdida de inversiones millonarias, se podrán compensar los subsidios ofrecidos por un gobierno no europeo para tratar de mantener la empresa en la UE. La Comisión aprobó el pasado jueves 9 de marzo las normas revisadas sobre ayudas estatales bajo el título "Marco temporal para la gestión de crisis y el cambio". Se trata, por tanto, de una modificación temporal que se aplicará inicialmente hasta finales de 2025. La enmienda actual fue precedida por una encuesta y una consulta de los estados miembros, es decir, incluye los comentarios de los países, informa la Comisión de la UE.
Los cambios que aporta la nueva legislación
Teniendo en cuenta sus normas de ayuda estatal, es la Comisión la que decide en qué medida los estados miembros pueden apoyar el desarrollo de sectores económicos individuales "bajo ciertas condiciones". Estos sectores económicos deben ser de interés común europeo. Los principales proyectos con ayudas examinadas en los últimos tiempos incluyen subsidios para la expansión de la red de recarga o para la puesta en marcha de grandes instalaciones de producción de baterías.
Con la invasión rusa de Ucrania y la crisis energética, la UE ya había relajado considerablemente las normas para ayudas estatales. Ahora, la Comisión Europea va aún más allá brindando a los estados miembros más opciones para evitar la migración de empresas de tecnología verde a los EE.UU. Desde la introducción de la Ley de Reducción de la Inflación del gobierno de EE. UU, varios proyectos, como el de Volkswagen en Europa del Este, han cambiado para considerar a Estados Unidos como su primera opción.
“Las normas sobre ayudas estatales, y en particular el Marco Temporal de Crisis, brinda a los estados miembros la posibilidad de ofecer ayuda estatal de una manera rápida, clara y predecible”, ha explicado Margrethe Vestager, vicepresidenta ejecutiva a cargo de la política de competencia. “Nuestras normas permiten acelerar las inversiones netas cero en este momento crítico, al tiempo que protegen la igualdad de condiciones en el mercado único y los objetivos de cohesión. Las nuevas reglas son proporcionadas, específicas y temporales”, ha añadido.
