Como se suele decir: hecha la ley, hecha la trampa. La picaresca no es algo exclusivo de los españoles, también es habitual en otros territorios. En Francia, el Gobierno se ha visto obligado a modificar las leyes de venta de vehículos de segunda mano con la intención de paliar los altos precios que están alcanzando algunos coches eléctricos ya que muchos compradores están haciendo negocio gracias a los incentivos estatales. La nueva normativa dificulta una rápida venta para aquellos eléctricos que se hayan beneficiado de incentivos comerciales.
La escasez de coches en toda Europa y en todo el mundo está provocando que muchos compradores opten por el mercado de segunda mano. La oferta en los canales de venta alternativos se ha disparado. Más si cabe en el mercado eléctrico, donde la escasez es casi mayor. Al igual que en España, el Gobierno francés da ayudas para la compra de coches eléctricos. Con una partida de hasta 7.000 euros, el beneficio puede ser considerable siempre y cuando no se superen los 45.000 euros.
En los últimos meses el Gobierno francés se ha percatado de que muchos compradores de eléctricos estaban siendo poco honrados con sus actitudes. Se ha descubierto que muchos se compraban un coche eléctrico con importantes descuentos gracias al estado y rápidamente los sacaban a la venta como vehículos de segunda mano. Aprovechando el auge y la escasez, los precios de algunos eléctricos de ocasión superan la cotización de modelos nuevos, generando una situación que el Gobierno ha tenido que atajar.
Para evitar el fraude, la nueva ley exige a los compradores que se beneficien de los planes de ayuda estatales mantener el coche en propiedad al menos un año y hacer como mínimo 6.000 kilómetros. Una vez cumplidos ambos requisitos, se podrá vender el coche sin ningún problema. De lo contrario el conductor tendrá que devolver íntegramente el precio de las bonificaciones estatales. De esta forma se espera eliminar el problema actual, regulando el mercado de una forma más natural.
Varios países de la Unión Europea se han visto obligados a modificar sus normativas con respecto a los incentivos para la compra de coches eléctricos por problemas semejantes. La falta de vehículos, y los altos plazos de entrega están favoreciendo la picaresca. Algunos modelos tienen plazos de entrega superiores a los 8 meses, mientras que otros acumulan retrasos continuos sin expectativas seguras de cuándo van a llegar.
