Aunque el coche eléctrico ya es una realidad, un producto viable, la infraestructura de carga todavía está lejos de ser funcional para todos los usuarios. La transición ecológica debe implementar y mejorar la red de recarga, y por ello el Consejo de Ministros ha aprobado un cambio legislativo que permitirá a los titulares de gasolineras poner puntos de carga independientemente del contrato de suministro que tengan ya firmado.
El año pasado el Gobierno aprobó una nueva normativa que obligaba a ciertas gasolineras, aquellas cuyas ventas sean superiores a los cinco millones de litros de carburante al año, a incluir puntos de carga para vehículos eléctricos. Aquella medida resultó ser un arma de doble filo, pues si bien se pretendía mejorar la red de carga, también supuso un problema para los titulares de las concesiones, que se veían atados a ciertas condiciones estrictas.
Con el nuevo cambio legislativo, el Gobierno quiere liberalizar esos contratos. Es decir: hasta ahora un titular podría verse obligado a contratar los puntos de carga con la misma empresa que ya tenía contratado el suministro de carburante. Una estación de Repsol podía tener la obligación de instalar una estación de carga de Repsol. Lo aprobado hoy en el Consejo de Ministros evitará este problema.
Hasta ahora, el titular de una gasolinera podía verse obligado a contratar puntos de carga con la misma empresa que tenía contratado el suministro de carburante.
Cada titular podrá instalar la red de carga que mejor se adapte a sus condiciones particulares. «Con esta medida, por tanto, se eliminan barreras para el impulso de la recarga eléctrica, se facilita la consecución de los objetivos de descarbonización del sector transporte y se impulsa la industria de la automoción, que tiene un peso muy significativo en la economía española en términos de valor añadido, exportaciones y empleo».
Toda esta estrategia se centra en el plan de movilidad para los próximos años. España ha sido uno de los países abanderados en la transición, aunque todavía estamos lejos de otros colegas europeos. El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima tiene como objetivo disponer de cinco millones de vehículos eléctricos en 2030, y para 2023 se ha establecido la meta intermedia de que circulen 250.000 vehículos eléctricos.
Para alcanzar tales objetivos es necesario que la red de recarga intensifique su presencia en las carreteras de todo el país. Con ello se logrará animar a más compradores a dar el salto a la movilidad eléctrica eliminando la denominada "ansiedad de autonomía". Los coches eléctricos ya pueden alcanzar largos rangos de kilometraje, ahora solo falta que haya una infraestructura capaz y fiable para cargarlos.
