Con la aplicación de la nueva ley de movilidad, el gobierno francés mantendrá la prohibición de la venta de vehículos de combustión a partir de 2040, según ha declarado la ministra de Transporte, Elizabeth Borne. Acompañando a la nueva legislación, el gobierno establecerá un plan de ayuda a sus fabricantes nacionales para facilitar la electrificación de su catálogo y el acceso de los clientes a una amplia gama de opciones de compra en cuanto a modelos y precios.
Con el inicio de la legislatura de Emmanuel Macron, en julio de 2017, el ex ministro de medio ambiente, Nicolas Hulot, anunció que Francia terminaría con la venta de vehículos de gasolina y diésel en el año 2040. Hulot renunció a su puesto en 2018, según él, por la falta de compromiso de Macron con las causas ambientales debido en parte al movimiento de protesta de los "chalecos amarillos" contra los impuestos al carbono y la subida de los precios del combustible.
Sin embargo, su sucesora, Elizabeth Borne, en una entrevista con la televisión BFM, confirmó que se cumpliría el objetivo establecido por Hulot. "Nuestro objetivo es lograr la neutralidad en carbono en 2050, para lo que necesitamos la prohibición de la venta de vehículos que consumen combustibles fósiles para 2040". El objetivo del plan climático del gobierno se convertirá en obligatorio cuando se incluya en la nueva ley de movilidad. El texto impulsará también la recarga de los vehículos eléctricos, facilitando a los residentes la instalación de puntos de carga vinculados en sus garajes privados.
Francia prohibirá la venta de coches de combustión en 2040.
Además, para cumplir este objetivo, el gobierno francés ayudará a sus fabricantes nacionales, el Grupo PSA y el Grupo Renault, a electrificar su catálogo y a ofrecer también opciones como el hidrógeno y, posiblemente, el biogás. Renault fue nacionalizada en 1945, y en 1986 comenzó su privatización. Hoy en día el Estado francés es propietario del 15,7% del capital de Renault y continúa siendo su principal accionista. En 2014, el Grupo PSA acordó el aumento de su capital y dio entrada en el accionariado al fabricante chino Dongfeng Motor y al Estado francés, que se hicieron cada uno de ellos con el 14% de sus acciones.
La nueva ley
La nueva ley que se está debatiendo actualmente en el parlamento actualizará la antigua normativa sobre el transporte que data de 1982 y, posiblemente, será aprobada después del verano.
La reforma de la ley pretende favorecer el uso de alternativas de transporte diferentes al vehículo particular. Para ello se mejorarán las redes ferroviarias y se creará un marco legal para las nuevas soluciones de movilidad, tales como las bicicletas y los scooters eléctricos y el uso de vehículos compartidos. Otra de las medidas que se están barajando es subvencionar a las empresas para que ofrezcan a sus empleados un subsidio de 400 euros, libre de impuestos, para que se desplacen al trabajo en bicicleta o compartiendo el vehículo particular.
