La aprobación de la normativa Euro 7 no ha sentado bien en el seno de la industria del automóvil del Viejo Continente. El Parlamento Europeo quiere reducir el volumen de gases nocivos en el transporte por carretera. Tras años de dudas y retrasos, en 2022 se aprobó la versión definitiva del proyecto que reducirá drásticamente la contaminación de los coches nuevos vendidos en Europa. Diversos ejecutivos y diferentes marcas se han mostrado muy contrarios a este paso previo a la electrificación. Ahora, países como Italia quieren declarar la batalla frente a su entrada en vigor y busca aliados por el continente. Francia y Alemania también están interesadas en tumbar la medida.
La propuesta inicial es que la normativa Euro 7 se aplique a partir del 2025. En dos años, los coches nuevos tendrán que reducir significativamente sus emisiones contaminantes. Europa quiere rebajar a la mitad las partículas nocivas de los vehículos diésel y en hasta un 40% la de los vehículos gasolina. Esa restricción también atañe a los híbridos o híbridos enchufables, por lo que gran parte del parque de vehículos se verá afectado. Los políticos europeos han tomado esta solución como una parada intermedia a la electrificación total a partir del próximo 2035.
Numerosas voces se han alzado en contra de la medida. Directivos como Carlos Tavares aseguran estar indignados por la Euro 7. Su aplicación casi inmediata supone que las marcas tendrán que desviar un gran número de fondos para desarrollar los motores de 2025. Un gasto que bien podría destinarse a mejorar la tecnología eléctrica y a los procesos de fabricación para así reducir el coste de los vehículos. El CEO de Renault, Luca de Meo, se ha posicionado en la misma línea. El francés asegura que será un problema importante para la industria y que puede acarrear despidos en todo el continente.
En esta ocasión, es el ministro de Industria italiano, Adolfo Urso, el que encabeza las propuestas para suavizar la Euro 7. En declaraciones al canal de noticias TGcom este mismo sábado, Urso instó al brazo ejecutivo de la UE, la Comisión Europea, a adoptar un enfoque "pragmático, concreto y no ideológico" de las leyes sobre el cambio climático, asegurando que quería construir "una alianza" con París y Berlín para suavizar el coste para la industria y los consumidores. Algunos expertos aseguran que la nueva reglamentación elevará el precio de los coches entre 1.000 y 2.000 euros.
Urso aseguró que Italia estaría “decidida” a retrasar la aprobación de la normativa hasta después de las próximas elecciones parlamentarias de la Unión Europea, programadas para el 2024, a menos que se cumplan las demandas de moderación solicitadas desde Roma. Haciéndose eco de las preocupaciones expresadas por el ministro de Transporte italiano, Matteo Salvini, Urso afirmó que la UE corre el riesgo de pasar de una "sujeción energética" de Rusia para el suministro de combustibles fósiles a una "dependencia aún más grave" de China para tecnologías y materias primas ecológicas.
