La Unión Europea, Estados Unidos, China y otros países tienen entre sus objetivos obligar a los fabricantes de automóviles a comprometerse con una durabilidad mínima de las baterías instaladas en sus vehículos eléctricos e híbridos. Esta carta de intenciones fue acordada en principio por los países en el Foro Mundial de la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas (CEPE) para la Armonización de las Regulaciones de Vehículos en Ginebra.
Las baterías de los vehículos eléctricos sufren un proceso de degradación que avanza con los ciclos de carga y descarga. En función de la calidad de los componentes de la batería, de sus procedimientos de fabricación y de la manera en la que se recargue la batería este proceso puede avanzar más o menos lentamente. Esta circunstancia puede suponer un inconveniente para el propietario del vehículo que ve recortada la autonomía a lo largo del tiempo, lo que en muchas ocasiones afecta a la decisión de compra de un vehículo de este tipo.
Con el objetivo de que este proceso esté controlado y la durabilidad garantizada, los países del CEPE firmaron un acuerdo previo que, sin embargo, no una decisión vinculante. Exige recorrer una hoja de ruta que incluye la votación sobre un proyecto de reglamento para la establecer la durabilidad mínima de las baterías, este sí vinculante, en marzo de 2022. Posteriormente, los países que estén de acuerdo con el proyecto deberán transponer la normativa de la CEPE a su legislación. Según esa misma hoja de ruta, el reglamento podría entrar en vigor a partir de 2023.
Según el borrador actual, el proyecto que deberá votarse en marzo establece los siguientes requisitos para la durabilidad de la batería: después de cinco años o 100.000 kilómetros, la batería no podrá perder más del 20 % de su contenido de energía original. Después de ocho años o 160.000 kilómetros, la pérdida no puede exceder el 30 %.
Según la CEPE, el objetivo es evitar el uso de "baterías de mala calidad". Esto garantía es crucial "para fortalecer la confianza del consumidor y mejorar el desempeño ambiental de los vehículos eléctricos más allá de sus bajas emisiones". Para los propios fabricantes de automóviles, la regulación así establecida no supondrá un cambio muy grande. Tan solo será necesario un ajuste en los certificados de garantía para el primero de los tramos establecidos. En la mayoría de los casos ya se comprometen a que sus baterías conserven el 70 % de su capacidad original tras ocho años de uso o 160.000 kilómetros. En algunas ocasiones estas cidras son incluso superiores.
Además de la Unión Europea, Estados Unidos y China otros países se sumarían inicialmente a esta normativa. Es el caso de Japón, Canadá, Corea del Sur y Gran Bretaña. Tal regulación se aplicaría uniformemente en los mercados de vehículos eléctricos más grandes lo que supondría de facto un status quo para la durabilidad de las baterías, incluso en aquellos países en los que la norma no se transfiera a una regulación local.
Según indica André Rijnders, presidente del Grupo de Trabajo sobre Contaminación y Energía (GRPE), esta regulación podría ir incluso más allá en un aspecto importante del mercado de los coches eléctricos: el de la segunda mano. "Según el reglamento propuesto, la información precisa sobre la salud y la capacidad restante de la batería estará disponible gratuitamente para el propietario del vehículo", lo que otorga a los consumidores una especie de derecho a la información. "Esto proporcionará datos valiosos para las transacciones de vehículos eléctricos usados o de segunda mano y para otros cambios de propietario del vehículo", añade.
