Las emisiones de coches y furgonetas constituyen más de una octava parte (13%) del total de emisiones de gases de efecto invernadero en la UE. Además, las emisiones de CO2 de los automóviles incrementaron un 6% entre 2000 y 2019. Hace más de dos años, Europa aprobó una normativa que ha transformado drásticamente la industria del automóvil, provocando un cambio generalizado de estrategias y numerosas dudas comerciales. A partir del 1 de enero de 2035, la venta de coches de combustión estará prohibida en Europa, con algunas excepciones.
Sin embargo, desde que se aprobó la ley, el mercado ha experimentado muchos cambios, desde una mayor oferta de vehículos eléctricos hasta un estancamiento en el volumen de ventas. La situación y las proyecciones han cambiado, y ante esta nueva etapa, Europa está reconsiderando la medida y estudiando la posibilidad de retrasarla. Aunque parecía que el motor de combustión tenía los días contados, la coyuntura ha comenzado a generar incertidumbre.
50 empresas en contra de hacer cambios en la Ley
Los consejeros delegados y ejecutivos de más de 50 empresas, incluidas 8 españolas, han solicitado a la UE que no reabra su meta de cero emisiones para coches y furgonetas en 2035. En una declaración pública, los ejecutivos de toda la cadena de valor de la automoción, las tecnologías limpias, el transporte y la energía, entre los que se encuentran Iberdrola, Volvo Cars, Maersk, Uber y Ayvens, la mayor empresa de leasing de Europa, afirman que el objetivo es "factible y necesario".
Polestar y Rivian también firmaron la declaración, junto con el minorista Tesco y la mayor franquicia de IKEA, Ingka. En España, además de la empresa eléctrica Iberdrola, se han sumado al comunicado otras siete compañías españolas, como Zunder, Wallbox y Circontrol.
En una declaración en Industryfor2035.org, los firmantes afirman estar firmemente comprometidos con el objetivo de neutralidad climática de la UE para 2050 y destacan que muchos de ellos han realizado importantes inversiones para hacerlo posible. Los directivos añaden que “el objetivo de 2035 proporciona una dirección clara que permitirá a las empresas, junto con todas las partes interesadas, enfocarse en llevar a cabo la transformación necesaria. Ofrece la tan requerida certidumbre para las inversiones sobre el futuro de la industria automotriz en Europa”.
«Por tanto, pedimos a los responsables políticos que no reabran las normas de CO2 para turismos y furgonetas aprobadas recientemente para 2026 y mantengan así el objetivo del 100% de coches con cero emisiones en 2035», señala la declaración.
Las empresas destacan que el objetivo cero emisiones para 2035 recibió un mandato democrático de los gobiernos de la UE y de los eurodiputados en marzo de 2023. En lugar de reabrir la legislación ya acordada, afirman que los esfuerzos deben centrarse en la implementación de lo que ya se ha establecido: políticas industriales específicas y apoyo a la inversión para una cadena de valor de baterías local y sostenible, el despliegue de infraestructura de recarga y el suministro de electricidad limpia, la sostenibilidad de las flotas corporativas y la recualificación de los trabajadores para la electrificación de la economía.
En palabras de Dominic Phinn, responsable de Transporte de Climate Group, “para llevar a cabo las transformaciones empresariales e industriales necesarias para reducir las emisiones, los consejeros delegados y los ejecutivos necesitan estabilidad normativa”. Su mensaje a los nuevos responsables políticos de la UE es: “No nos defrauden. Cuestionar la retirada progresiva acordada para 2035 de la venta de vehículos con motor de combustión interna pondría en riesgo sus inversiones, sus objetivos de descarbonización de la flota y, en última instancia, el objetivo de neutralidad climática de la UE”.
Isabell Büschel, Directora de Transport & Environment en España, ha afirmado: “Modificar el objetivo para 2035 implicaría desestabilizar el marco sobre el cual las empresas han basado sus inversiones. En lugar de eso, deberíamos respaldar la transición con una hoja de ruta para impulsar el vehículo eléctrico en España, centrada en acelerar la infraestructura de carga y fomentar la demanda mediante una electrificación más ágil de las flotas. Además, es esencial promover la producción local de baterías sostenibles”.
