La Unión Europea está en guerra con los fabricantes de automóviles. Si bien unos han pecado en exceso de conservadurismo, los dirigentes continentales han fijado una hoja de ruta que se antoja excesivamente ambiciosa para las firmas. Con el objetivo de tener solamente coches eléctricos a partir de 2035, son las medidas intermedias las que están levantando más ampollas en los despachos de las grandes marcas. Luca de Meo, presidente de la ACEA (Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles) y CEO de Renault, encabeza las críticas más duras. En sus últimas declaraciones pone precio a la normativa Euro 7 y advierte del gran riesgo que supone para el Viejo Continente.
No es la primera vez que el máximo directivo de Renault alza la voz con respecto a las políticas europeas. Su trabajo es defender a la industria de los rápidos y agresivos cambios que se están produciendo. No todas las marcas evolucionan al mismo ritmo y el desequilibrio que puede provocar la electrificación afecta a todos. Si bien casi todas las marcas tienen un programa eléctrico sostenible y lógico de cara a 2035, es la aprobación de la última normativa de emisiones la que ha sentado como un jarro de agua fría. Los plazos no son factibles y el coste de adaptación es altísimo.
"La reciente propuesta de la Euro 7 sobre emisiones contaminantes es un ejemplo paradigmático de una normativa que añadirá complejidad e incertidumbre a las decisiones e inversiones clave de los fabricantes europeos de vehículos, sin aportar los beneficios medioambientales que dice ofrecer", ha apuntado De Meo. Diversos estudios reconocen que la medida política apenas tendrá incidencia en la calidad del aire: uno cuatro puntos porcentuales con respecto a las emisiones actuales. Una inversión muy alta para un beneficio tan minúsculo.
Durante una audiencia organizada por el grupo de los Conservadores y Reformistas Europeos (ECR) en el Parlamento Europeo, Luca de Meo ha advertido de que a la industria automovilística europea le costará entre 20.000 y 35.000 millones de euros adaptar su flota de vehículos a la norma Euro 7. Por supuesto, la peor parte se la llevarán los clientes que verán encarecidos unos coches que ya de por sí muestran unas tarifas prácticamente inasumibles en algunos mercados. Las ventas han caído a escala continental y previsiblemente la tendencia negativa se mantendrá si Europa no corrige las medidas o, al menos, las flexibiliza.
Dejando a un lado el coste adicional que asumirán los conductores, entre 1.000 y 2.000 euros más por vehículo, el otro problema serio al que se enfrentan las marcas es la pérdida de competitividad. Centrar semejantes esfuerzos en un parche intermedio restará fondos a los proyectos sobre el coche eléctrico, por no mencionar que el menor número de ventas incidirá directamente sobre las capacidades de producción. Ya en el pasado, de Meo advirtió que grandes fábricas podrían cerrar en un plazo de tiempo muy corto, dejando en el paro a miles de trabajadores en toda Europa.
La normativa Euro 7 tiene programada su entrada en vigor a partir del mes de julio de 2025 y afectará directamente a turismos y furgonetas. Los autobuses y camiones tendrán que acogerse a ella en 2027. La nueva política de emisiones obliga a reducir drásticamente las partículas contaminantes. Un trabajo que sólo se logrará con la electrificación, así como con el desarrollo de nuevos sistemas de filtración de escape, entre otras tecnologías. Por el momento, Europa no ha respondido a ninguna de las exigencias de los fabricantes con respecto a la Euro 7, aunque sí ha admitido a trámite la exención de los combustibles sintéticos apoyada por Alemania para 2035. Se espera que la lucha se intensifique en los próximos meses.
