En el Día Mundial del Vehículo Eléctrico ¿cómo no íbamos a analizar las tendencias en el mercado español? Para hacerlo, hemos recurrido a OBS Business School, entidad perteneciente a Planeta Formación Universidades, que acaba de publicar su IV Barómetro de la movilidad eléctrica, dirigido por May López, profesora de OBS Business School y directora de la plataforma Empresas por la Movilidad Sostenible. Y las conclusiones, aunque sin ser malas, no son especialmente optimistas.
En esta edición el documento evalúa si los avances del último año son suficientes para que España cumpla con los objetivos y compromisos nacionales (tener 540.000 vehículos eléctricos enchufables en 2025 y 5,5 millones en 2030) e internacionales (contar con infraestructura para dar servicio a los 30 millones de automóviles y 80.000 camiones cero emisiones que estarán operativos en las carreteras europeas en 2030).
En el primer semestre del 2024, los turismos 100% eléctricos (BEV) en Europa tuvieron un modesto crecimiento interanual de matriculaciones del 1,3% (712.637 unidades) y los híbridos enchufables un descenso del 2,5% (392,284 unidades) y todavía representan únicamente el 3% de todos los coches que circulan actualmente por las carreteras de la UE y el 1,4% a nivel nacional. Los híbridos no enchufables han aumentado su cuota de mercado, pero estos no contribuyen a los objetivos marcados por la UE. Pero, sin embargo, por primera vez la suma de todos estos vehículos electrificados superó las ventas de vehículos diésel en España.
En otras palabras, hay sitio para la esperanza, tal y como reconoce May López. “Son muchos los mensajes erróneos en torno al vehículo eléctrico que le está llegando al consumidor español que hace que no tome la decisión adecuada con respecto a la movilidad elécrica. Independientemente de eso, en el primer semestre de 2024 se han matriculado más vehículados electrificados que diésel en España, con lo cual el cambio ya se esté produciendo. Y además, en agosto de 2024, es decir, hace unos días conseguíamos el objetivo intermedio de flota elédctica del PNIEC, alcanzar los 540.000 vehículos enchufables. Por lo tanto, insisto en que, quizás, aunque todos loes mensajes en contra, el consumidor español está entendiendo las ventajas del vehículo eléctrico no sólo ambientalmente, sino también económicamente”.
En efecto, tal y como señalan en el informe, España está cumpliendo hasta el 99% del objetivo intermedio del PNIEC de contar con 540.000 vehículos eléctricos en Europa antes de 2025. Esta es la cara. La cruz es que esta cifra no representa ni el 10% del objetivo de los 5,5 millones para 2030.
Por comunidades, la de Madrid es la que proporcionalmente más contribuye al cumplimiento, seguida de Cataluña, Islas Baleares, Canarias y País Vasco. Por el contrario, Extremadura, Ceuta y Melilla, Castilla y León y Galicia se sitúan a la cola del ranking.
A nivel mundial, se espera que en 2024 la venta de vehículos eléctricos en el mundo alcance los 17 millones, repartidos principalmente en China (45%), Europa (25%) y EEUU (11%).
Volviendo a España, en apenas diez años el porcentaje de españoles que veían el coche eléctrico como la solución para la movilidad urbana cayó del 70% a un escaso 18% (tal y como recoge el informe de OBS, basándose en datos de Alphabet). ¿Cuáles son las razones que nos alejan del coche eléctrico? Fundamentalmente tres:
El precio todavía sigue pesando en la compra
Aunque en las encuestas el consumidor a menudo sostiene que sería capaz de gastar más por un producto más respetuoso con el medio ambiente, lo cierto es que cuando llega la hora de aflojar la mosca en automoción esos buenos propósitos no pasan de la intención.
En Europa y EEUU los vehículos eléctricos siguen siendo entre un 10% y un 50% más altos que su equivalente de combustión, mientras que en China más del 60% de los coches eléctricos vendidos en 2023 ya eran más baratos.
Ahora bien, lo que cada vez empieza a calar más entre los consumidores es la certeza de que la diferencia de precio inicial se compensa con los menores costes operativos y de mantenimiento de los vehículos eléctricos. De hecho, en mantenimiento en general, el eléctrico es un 68% menos costoso que un gasolina y un 66% menos que un diésel o un híbrido.
Lamentablemente, este ahorro en el taller todavía no se ha trasladado a otros segmentos como el de los vehículos comerciales o de transporte de personas y mercancías.
La importancia del precio en la toma de decisión tiene una ventaja implícita y es que la política de ayudas y subvenciones puede jugar el efecto motivador que necesita el sector. “El Real Decreto-ley 5/2023, de 28 de junio, marca un hito significativo en esta dirección ya que introduce deducciones en el IRPF, pero también existe el programa MOVES en sus distintas líneas, o el PERTE VEC. La nueva ficha sobre el vehículo eléctrico incluida en los CAE (Certificados de Ahorro Energético) supone una ayuda extra que, de aplicarse a la flota vendida en el 2023, supondrá unos 28,5 millones de euros adicionales, además de una continuidad en el tiempo y agilidad en su tramitación”, explican en el informe.
Pero para que estas ayudas sean realmente efectivas es necesario agilizar los trámites y, como sostienen desde OBS, “poner en marcha una línea específica de ayudas presentes y futuras para vehículos industriales en la distribución, realizar el reparto geográfico de las ayudas a vehículos industriales en base al registro de empresas de transporte y no del padrón de habitantes, como ocurre actualmente, o poner especial atención en PYMES y autónomos, el eslabón más débil de la cadena, ya que actualmente muchas de las ayudas se están enfocando a grandes empresas
La competencia entre fabricantes, la caída de los precios de las baterías y la llegada de coches eléctricos procedentes de China está haciendo más asequible este tipo de vehículos. Habrá que esperar a ver el efecto que la implantación de aranceles a los coches del país asiático puede tener directamente sobre los precios de los mismos.
La infraestructura de recarga, la asignatura pendiente
Aunque la infraestructura de recarga pública en España actual parece suficiente para el escaso parque electrificado actual, lo cierto es que en las fechas de alta densidad de coches en las carreteras siguen viéndose colas en las electrolineras. ¿La razón? Fundamentalmente dos: el desigual reparto espacial de las infraestructuras de recarga, con una importante carestía en las áreas rurales, y la escasa operatividad de las instalaciones ya existente.
Tal y como señalan desde OBS, “al cierre del primer semestre de este año había en España algo más de 34.000 puntos de recarga públicos operativos, los cuales tienen la obligación de facilitar información transparente y actualizada sobre sus precios, instalaciones, horarios y características, requisito establecido a nivel europeo. Sin embargo, solo lo hacen 20.000 de ellos, por tanto falta información del 40,9%”.
La ansiedad por autonomía, un miedo injustificado
Es la tercera traba para la implantación masiva del coche eléctrico.
Aunque los avances tecnológicos han incrementado significativamente la eficiencia y el rendimiento de las baterías, lo que se traduce en una mayor autonomía y en tiempos de recarga más cortos, al gran público todavía no le ha llegado esta información de forma correcta.
Sigue habiendo mucha ansiedad de rango, la relacionada con la autonomía que tiene el vehículo eléctrico sin recargar, pero los datos de los últimos lanzamientos ya hablan de autonomías que de media alcanzan los 400 km, lo que no justifica esta aversión.
Si a ello se une una adecuada red de recarga, el problema está más que resuelto.
Al final, como recuerdan desde el informe de OBS, “si España quiere cumplir con los objetivos marcados por la UE es indispensable ofrecer soluciones y ayudas, pero también facilitar información sobre las ventajas del uso del vehículo eléctrico desde un punto de vista ambiental, económico y de seguridad; dar a conocer los beneficios de alcanzar la independencia energética como país y como usuario; facilitar el TCO que permita una decisión de compra informada; agilizar y simplificar los trámites con la consecuente reducción de tiempos; ofrecer información transparente sobre la capacidad de la red disponible; controlar el fraude y legislar tanto las reglas sobre acceso y conexión a las redes de electricidad como el acceso a la capacidad disponible y su reparto”.
