Le pese a quien le pese, la movilidad eléctrica ha llegado para quedarse. Si bien el mercado muestra claras señales de debilidad, los fabricantes tienen muy claro cuál es el futuro. Suenan tiempos de mucha incertidumbre y cambios. Una época donde las normativas no parecen estar teniendo la repercusión comercial que muchos esperaban.
A pesar de ello, Luca de Meo, presidente de la ACEA, Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles, se ha mostrado muy tajante con respecto al rumbo de la industria. No hay vuelta atrás, el coche eléctrico llegará y ninguna compañía desafiará la legislación ya aprobada.
El año pasado por estas fechas, el Parlamento Europeo ratificó la controvertida medida de pasarse a lo eléctrico en 2035. Tal y como quedó estipulado, a partir de esa fecha estará totalmente prohibido vender vehículos de combustión dentro del territorio europeo, salvo contadas excepciones que tendrán una pequeña moratoria.
Si bien la aprobación europea ha contado con numerosos enemigos, el objetivo es compartido por los fabricantes, a pesar de que muchos de ellos están ahora ralentizando la llegada de nuevas unidades impulsadas por baterías. Compañías como Audi, Ford y, más recientemente, Mercedes han rebajado sus objetivos de electrificación de cara a los próximos años.
Apoyo al coche eléctrico con el reclamo de una mayor inversión pública
Luca de Meo cree que la prohibición de 2035 es factible, aunque deja en el aire algunas cuestiones importantes. “Si se dan las condiciones adecuadas”. Esa frase puede tener varias interpretaciones o puntos de vista diferentes. El problema en sí no radica en el coche, sino en todo lo que acompaña a la movilidad eléctrica. Preocupan otras cuestiones importantes como la red de carga o el precio de los vehículos. A día de hoy, la movilidad eléctrica está lejos de ser viable para la mayoría de los conductores. El mercado parece haberse decantado por soluciones intermedias y de todos depende cambiar el rumbo.
A pesar de los problemas, el máximo responsable de la ACEA ha dejado claro que no va a entrar en disputas con la Unión Europea. Los fabricantes acatarán la normativa presente y las que están por llegar. A mediados de este año, el Parlamento Europeo celebra elecciones y todo el mundo da por hecho que habrá un cambio en la gobernanza.
Un giro político que podría suponer la paralización o el retraso de los objetivos medioambientales asociados al transporte. A día de hoy, ya no se puede paralizar el cambio, aunque sí es posible que la normativa sufra modificaciones que, por ahora, son imposibles de predecir.
La industria ya ha invertido miles de millones en desarrollo de nuevas tecnologías y ese dinero se iría a la basura de tomar medidas contraproducentes en el seno europeo. A pesar del apoyo incondicional por parte de los fabricantes, estos han reclamado repetidas veces la necesidad de acuerdos entre los gobiernos y las empresas.
Se necesitan subvenciones para apoyar la compra de vehículos impulsados por baterías. Ayudas eficaces que animen el mercado. También son necesarias legislaciones más efectivas para la expansión de la red de carga. Todo ello en un momento en el que los fabricantes chinos pujan por llevarse un trozo del mercado eléctrico europeo.
