Para impulsar la movilidad eléctrica es necesaria una colaboración entre los entes públicos y las empresas privadas. La inversión necesaria para transformar la industria es de tal calibre que se necesitan respaldos, ya sea en inyecciones de capital o en atractivos beneficios fiscales y económicos.
Italia, bajo el mando de Giorgia Meloni, ha adoptado una postura excesivamente tajante con respecto a las empresas que trabajan en la zona. Su tira y afloja con Carlos Tavares, CEO de Stellantis, propietaria de marcas italianas como FIAT, Alfa Romeo o Lancia, ha tenido desastrosos resultados para la industria. Miles de puestos de trabajo quedan en el aire.
A lo largo de los últimos meses, Meloni y Tavares se han enfrascado en una guerra dialéctica en torno al coche eléctrico y a las inversiones públicas. La presidenta de Italia pidió al conglomerado franco-italo-americano un mayor apoyo a su industria. Italia quiere seguir siendo uno de los centros neurálgicos del sector de la automoción en Europa, pero quieren serlo sin gastarse ni un sólo euro.
No se hizo esperar la respuesta de Carlos Tavares. El ejecutivo portugués, por su parte, aseguró que invertiría en el país siempre y cuando tuviera un apoyo económico por parte del Gobierno. El intercambio de declaraciones fue subiendo de tono.
Stellantis sigue considerando Italia como una parte fundamental de su estrategia global
Tavares llegó a amenazar a la presidenta con un cambio de estrategia con respecto a los centros de Stellantis repartidos por Italia. El CEO aseguró que buscaría otros destinos, otros países, si no había alguna ayuda estatal. Si bien el tono de la discusión parecía haberse enfriado en los últimos días, ayer el asunto tuvo un colofón bastante negativo. Un total de 2.500 trabajadores de Stellantis en Italia abandonarán la compañía, aunque la empresa ha firmado un convenio de despidos mucho más flexible y positivo de lo que imaginábamos tras una rápida negociación con los sindicatos.
Hasta 1.520 empleados de Turín tendrán la posibilidad de dejar la compañía con incentivos económicos, 300 de ellos en la planta de Mirafiori, la fábrica más importante de Stellantis en el país. A esos hay que sumar 733 empleados de oficina.
También se ha acordado el despido voluntario para un máximo de 850 trabajadores en la planta de ensamblaje de Cassino, más otros 100 adicionales en la fábrica de motores de Pratola Serra, aunque en este caso todavía no se ha llegado a un acuerdo con el principal sindicato de trabajadores, FIOM, aunque fuentes cercanas a la empresa aseguran que las negociaciones están a punto de llegar a buen puerto.
Los despidos son estrictamente voluntarios en todos los casos y, principalmente, de trabajadores con edad cercana a la jubilación. Aún así, es un volumen de empleados considerable que pone en jaque la estrategia del Gobierno de Giorgia Meloni.
Stellantis Italia tiene en nómina a 43.000 trabajadores, 15.000 de ellas en el área de Turín, sede de muchas de sus empresas. Si bien la compañía ha asegurado que este proceso forma parte de su estrategia global de ahorro y reestructuración, los acuerdos de despido llegan en un momento crucial. Muchos lo consideran una maniobra de presión contra el país y, sobre todo, contra su presidenta tras declarar una guerra a la empresa con el coche eléctrico como arma arrojadiza.
