En una época en la que es prácticamente imposible no pasar por China y su barata mano de obra para confiar, al menos, una parte de la fabricación de los componentes de cualquier vehículo que se lance al mercado, apostar por producir un scooter eléctrico de manera íntegra en España es nadar a contracorriente. Más aún si se trata de una empresa completamente nueva.
Ese es el caso de Ray Electric Motors, un fabricante de scooters español que con con la Ray 7.7, su primer modelo fabricado en serie, sentó las bases de una prometedora marca que quería, ante todo, lanzar productos de alta calidad al mercado. Tras haber probado nosotros mismos este puntero scooter eléctrico, podemos dar fe de que, efectivamente, la Ray 7.7 no sólo era un scooter de alta calidad, sino que se trataba del mejor scooter eléctrico a la venta en toda Europa.
A pesar de que la calidad de su primer producto lanzado al mercado era realmente alta, lo cierto es que un precio superior a los 8.000 euros ha hecho que sus ventas no hayan acabado de despegar nunca, quedando la empresa, de origen catalán, avocada a declararse en suspensión de pagos, enfilando su camino hacia la bancarrota. Recientemente, el Juzgado Mercantil número 3 de Barcelona la ha declarado en concurso de acreedores.
Win Life Electric Vehicles, propietaria de Ray, comenzó su actividad en 2019 y, desde entonces, no ha hecho más que cosechar pérdidas año tras año. Algo, por otra parte, completamente normal en la industria, ya que cualquier fabricante dispuesto a instalarse de manera afianzada en el sector ha de afrontar una primera etapa de pérdidas hasta que sus productos se afiancen en las tablas de ventas.
En sus últimos compases de actividad, Ray Electric Motors había conseguido establecer una red de distribución en Austria, Francia, Alemania, Grecia, Italia, Suiza y Luxemburgo.
Win Life Electric Vehicles preveía en 2022 triplicar su plantilla en los ejercicios siguientes y establecerse en una facturación anual en el entorno de los 30 millones de euros, lo que significaba crear 90 puestos de trabajo nuevos y fabricar unas 10.000 unidades al año de la 7.7. Para ello, abrió una ronda de financiación con el objetivo de recaudar los 20 millones de euros que necesitaban para inversiones. También recibió en noviembre de 2022 un préstamo participativo del Govern de un millón y medio de euros destinado a impulsar su producción.
Año y medio después, y tal y como apunta La Crónica, la empresa no puede hacer frente a sus pagos.
En una conversación escrita mantenida con Híbridos y Eléctricos recientemente, Íñigo Raventós, consejero delegado de Ray, admitió que la empresa se encontaba "en fase de salida" y que era "importante destacar que las administraciones están poniendo muchos impedimentos para que la industria funcione en este país".
