A finales del pasado mes de diciembre, el Pleno del Senado aprobó definitivamente la Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021. Unos presupuestos que el Gobierno no tuvo fácil sacar adelante y que guardaban una sorpresa: la creación de un nuevo impuesto para puntos de recarga de vehículos eléctricos. Y es que los Presupuestos Generales del Estado para 2021 incluían una modificación sobre impuestos locales para crear una nueva tasa para los puntos de recarga de vehículos eléctricos.
Un nuevo impuesto para puntos de recarga públicos y privados
En la Sección 5.ª de dichos presupuestos, sobre Impuestos Locales, mediante el Artículo 67.7 se modifica el Real Decreto Legislativo 1175/1990, de 28 de septiembre, para añadir un nuevo epígrafe en las Tarifas del Impuesto sobre Actividades Económicas. Un nuevo epígrafe creado «para la nueva actividad de suministro de energía a vehículos eléctricos a través de puntos de recarga» y que pone más palos en las ruedas para el impulso de la movilidad eléctrica.
El epígrafe viene a establecer una cuota mínima de 13,56 euros para «puntos de recarga instalados en cualquier lugar, ya sea en la vía pública, gasolineras, garajes públicos y privados o en cualquier otro emplazamiento», con el siguiente texto:
«Epígrafe 664.2. Puntos de recarga de vehículos eléctricos.
Cuota mínima municipal de: 13,56 euros por cada punto de recarga.
Esta cuota la satisfará, exclusivamente, el titular del establecimiento o local en el que el punto de recarga esté instalado.
Cuota nacional de: 13,56 euros por cada punto de recarga.
Esta cuota la satisfará, exclusivamente, el propietario de los puntos de recarga.»
Dada su reciente aprobación puesta en marcha, no tenemos datos por el momento sobre la repercusión y el impacto económico que podrá tener en la implantación de la infraestructura de recarga, tanto pública como privada.
Un nuevo escollo para la movilidad eléctrica
Son muchas las partes implicadas que se necesitan para seguir impulsando una movilidad eléctrica que permita reducir las emisiones de CO2 en el transporte. Fabricantes de automóviles y proveedores de energía están llevado a cabo esfuerzos muy notables para materializar la creación de una infraestructura de recarga pública necesaria para poder popularizar los vehículos eléctricos, a pesar de las muchas trabas administrativas que supone instalar un punto de recarga público.
A pesar de las ventajas que tienen los coches eléctricos, y aunque sus ventas crecen a triple dígito, todavía muchos usuarios se muestran reacios a comprar un coche eléctrico por dos motivos principales: el precio de adquisición (más elevado en comparación con otros modelos de combustión interna) y la infraestructura de recarga, que no deja de crecer pero que todavía es claramente insuficiente, sin duda una asignatura pendiente en España.
Parece claro que todas las partes deben caminar de la mano. Sin embargo, las administraciones públicas parecen jugar al gato y al ratón. Por un lado, la compra de vehículos eléctricos e híbridos enchufables tiene ayudas estatales con el Plan Moves; además las etiquetas Eco y Cero emisiones cuentan con diversas ventajas dependiendo del lugar, como peajes gratuitos, exención de algunos impuestos o precios ventajosos en el aparcamiento regulado.
Con la Ley de Cambio Climático y Transición Energética se pretende definir un proyecto nacional que dibuje el marco de actuación para la descarbonización total de la economía española en 2050. Ello necesita, entre otras cosas, la proliferación del vehículo eléctrico para la descarbonización del transporte, y por tanto el apoyo a nivel estatal a este tipo de vehículos para su impulso en el parque automovilístico español. Algo que, de momento, no parece claro.