España aspira a convertirse en un terreno libre de emisiones para el año 2050. El Gobierno ha fijado una hoja de ruta para las próximas décadas que arranca con la introducción de una nueva legislación que permita extender la red de carga en todo el territorio. Las gasolineras de toda la vida tendrán que instalar puntos de carga para vehículos eléctricos, siendo 1.000 las que por el momento se verán afectadas por la entrada en vigor de la nueva legislación.
El coche eléctrico ya es una realidad. Un producto viable y factible que lo único que necesita es la implantación de una red de recarga que acompañe. España es uno de los países de la Unión Europea que menos puntos de carga presenta, apenas 1,1 puntos por cada 100 kilómetros de vías. De cara a los próximos años se espera no solo ampliar la cuota de mercado de coches eléctricos, también la infraestructura que permita viajar con toda tranquilidad.
La Ley de Cambio Climático y transición energética consagra que las estaciones de servicio con ventas superiores a los 10 millones de litros de carburante en 2019 deberán instalar al menos un punto de carga de 150 kilovatios. El plazo de ejecución será de 21 meses desde la entrada en vigor de la Ley. Esta nueva normativa se aplica a las 200 principales gasolineras de todo el país, aunque muchas de ellas ya han empezado a realizar esa transición de forma anticipada, contando muchas de ellas con más de un punto de carga rápida.
La nueva Ley también afecta a las estaciones de servicio más pequeñas. Aquellas que superen las ventas de cinco millones de litros de carburantes en 2019 tendrán la obligación de instalar al menos un punto de carga de 50 kilovatios en un plazo máximo de 27 una vez ejecutada la propuesta. Esta medida también afecta a aquellas instalaciones que, si bien no superan las ventas mencionadas, sí se sitúen como puntos de venta líderes en provincias, islas o ciudades autónomas.
Dicha regla se aplicará a un total de 800 estaciones de servicio. Una vez más, muchas de ellas ya se están adelantando y han aplicado la instalación de puntos de carga antes incluso de la entrada en vigor. Aquellas que no lo hayan hecho tendrán el plazo marcado, cumpliéndose el límite en el mes de agosto de 2023. Una medida algo floja teniendo en cuenta que de aplicarse a rajatabla la medida solo se sumarían 1.000 puntos de carga adicionales, un valor muy inferior al que estiman necesario muchos expertos en movilidad eléctrica.
Para facilitar la instalación y la no dependencia de un único suministrador de servicios, la Ley también recoge la liberalización de la contratación de dichos puntos de carga. No será necesario instalar un punto de la misma compañía con la que ya se ha firmado el suministro de carburante. Esta medida permitirá a los propietarios de las gasolineras buscar la alternativa que mejor se adapte a sus necesidades.
