La Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso del Vehículo Eléctrico (Aedive) ha aplaudido la eliminación de la figura del gestor de carga por parte del Gobierno, pero pide "responsabilidad" parlamentaria para llevar a buen término su convalidación definitiva.
En un comunicado, Aedive señala que la iniciativa supone una noticia "extraordinariamente positiva" para el impulso de la movilidad eléctrica y que ayudará a derribar una de las barreras más importantes que tenía el mercado español de vehículos electrificados: la infraestructura.
Ahora, la asociación apela a la responsabilidad política del Parlamento para llevar a buen término la convalidación de un Real Decreto que ha sido perseguido durante 7 años por todo el sector, al tiempo que diferentes grupos políticos han manifestado en diversas ocasiones la necesidad de desregular esta figura, destaca el clúster que engloba a más de 120 miembros asociados.
"El vehículo eléctrico es movilidad sostenible y también eficiencia energética. Es, por tanto, un eje fundamental en las estrategias como país para mejorar el medio ambiente y la energía. Por ello, debemos felicitarnos de que se haya logrado este paso imprescindible para un crecimiento exponencial en las matriculaciones de vehículo eléctrico", subrayó el director gerente de Aedive, Arturo Pérez de Lucia.
Con la aprobación del Real Decreto Ley de medidas urgentes para la transición energética y la protección de los consumidores queda, según la asociación, "completamente liberalizado" el mercado para que cualquier consumidor pueda vender energía para la recarga de vehículos eléctricos, aunque cumpliendo ciertos requisitos que marcará el Gobierno. Además, incluye las figuras de agregadores de demanda y de la interoperabilidad para cobrar por las recargas.
Respecto a que las empresas distribuidoras puedan ser titulares de último recurso de infraestructuras para la recarga de vehículos eléctricos, Aedive viene trasladando a las Administraciones la necesidad de trabajar en un mapa de infraestructuras necesarias para dar cobertura total al territorio español y a partir de ahí, estudiar las posibilidades para su desarrollo, incluyendo a todos los agentes implicados, entre ellas las distribuidoras.