Antes de la finalización de este mismo año 2022, todas aquellas poblaciones con más de 50.000 habitantes deberán contar en su núcleo urbano con una zona de bajas emisiones (ZBE), según estipula la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética. Dependerá del ayuntamiento en cuestión establecer quién podrá acceder y quién no, basándose en el etiquetado ambiental que posea el vehículo. Pero esto podría cambiar radicalmente a través de un anteproyecto de ley que el gobierno ha publicado recientemente.
Durante la presentación de este anteproyecto de ley, se presentaron diversas novedades en materia de movilidad sostenible. En primer lugar, se deshace el pago por uso de las vías rápidas españolas, como ya se vaticinó hace algunos meses y como el propio gobierno firmó con Bruselas a cambio de recibir las ayudas económicas. Por contra, en dicha legislación se abre la puerta a que los ayuntamientos puedan implantar unas tarifas especiales a quienes deseen circular por el interior de las zonas de bajas emisiones.
Este nuevo anteproyecto de ley da cobertura a que los ayuntamientos puedan tener un mayor margen de actuación al respecto de estas zonas urbanas delimitadas, pues al igual que podrán exigir un pago por circular en su interior, también podrán prohibir el acceso a todo aquel etiquetado que crea conveniente para paliar los altos niveles de emisiones de la media de ciudades españolas.
Con la vista puesta en crear este nuevo peaje de acceso, el Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana deberá habilitar una nueva legislación que permita garantizar unas condiciones básicas y homogéneas para todo el territorio nacional, aunque después serán los propios ayuntamientos quienes decidirán si hacen uso de ella o no. No obstante, esta nueva ley de movilidad no se espera que se apruebe y entre en vigor hasta finales del año 2023.
Según han confirmado fuentes ministeriales, estas tarifas se añadirán al abanico de tasas que ya poseen los diferentes ayuntamientos, uniéndose al grupo de pagos de ámbito municipal. Varios consistorios de España ya han mostrado su interés para llevar a cabo la implementación de esta nueva tarificación en sus áreas centrales.
Este nuevo sistema se basa en algunos que ya poseen otras ciudades como Londres, y el cual da posibilidad de acceso y libre circulación a todo aquel ciudadano que previamente haya abonado la tasa estipulada. En caso contrario, los diferentes estamentos seguirán contando con la posibilidad de sancionar a todo aquel que entre dentro de los límites establecidos para las zonas de bajas emisiones, al igual que ya viene sucediendo desde hace algunos años en ciudades como Madrid.
Esto podrá resultar especialmente interesante en áreas de población que aún no dispongan de una habilitación a tal efecto de su ZBE, la cual, en la mayoría de casos, será de uso preferentemente peatonal. Aunque las posibilidades son muchas y muy variadas, este anteproyecto de ley se posiciona como una opción más para los ayuntamientos en pos de disminuir la circulación en los -por lo general- centros urbanos.
