El presidente de la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac) y consejero delegado de Seat y Cupra, Wayne Griffiths, ha lamentado este martes que los incentivos para la compra de vehículos eléctricos en España no se apliquen de forma directa y que los usuarios puedan tardar "hasta dos años en cobrar las ayudas", señaló en su intervención en un desayuno informativo de Nueva Economía Forum.
Preguntado sobre este asunto, el directivo británico ha achacado esa circunstancia a que la gestión del Plan Moves, a través del cual se canalizan estas ayudas, está descentralizada y que cada comunidad autónoma se encarga del reparto. "Hay comunidades autónomas que lo hacen mejor o peor, pero cada una a su modo. Para mí no es eficaz. Seguro que hay una forma mejor de gestionarlo", ha subrayado Griffiths.
En ese sentido, ha incidido en que una de las posibilidades que plantean desde ANFAC para hacer que los usuarios reciban estas ayudas de forma directa: a través de de rebajas en el IVA. Una solución que, si bien reconoce que "es difícil para el Gobierno", supondría "menos burocracia y frustración para todos".
Fuga de inversiones a EE.UU y China
Otro de los puntos en los que ha hecho hincapié ha sido en la necesidad de que España, y Europa en general, ofrezca confianza a los inversores para conseguir atraer más proyectos ligados a la industria automovilística.
"Si no, las inversiones se irán a otros países. Estados Unidos lo ha dejado muy claro y China también tiene una hoja de ruta muy bien definida. Me impresionó la agilidad de la economía china para transformarse hacia la electrificación. Europa no puede quedarse atrás y debe aprovechar su potencial", ha resaltado.
En ese sentido, ha destacado que España es una "potencia" en cuanto a las energías renovables y también ha insistido en que el país cuenta con el "talento y la capacidad industrial" para tener un "sector más robusto". "Si España no defiende la industria del automóvil, corre el riesgo de que (las inversiones) se vayan a otros países más proactivos", ha añadido.
EURO 7
Griffiths también ha hablado en su intervención de la propuesta actual de la normativa Euro 7, más exigente en materia de emisiones y que ha generado ciertas reticencias en el sector del automóvil, tanto español como europeo.
"No estamos en contra de que se bajen las emisiones de los coches de combustión, pero tiene que ser en un plazo con sentido", ha opinado el directivo. En ese sentido, ha recalcado que si la propuesta actual sale adelante tal y como está redactada, tendrá unas "repercusiones enormes", sobre todo, en el empleo.
Así, desde hace meses la industria advierte de que la aplicación de la propuesta actual de Euro 7 supondría un encarecimiento de unos 2.000 euros en los vehículos de combustión pequeños y medianos, en los cuales están especializadas las plantas españolas. Por ello, alertan de que si finalmente entra en vigor sin cambios, se podría producir el cierre de fábricas, con la consiguiente pérdida de empleo.
En esa línea, Griffiths también ha opinado que, para que en España se mantenga el empleo en el sector (se estima que dos millones de personas trabajan en esta industria), es necesario que se vendan más coches eléctricos.
De este modo, ha señalado que la actuación del Ejecutivo es "necesaria", si bien ha llamado a los gobiernos autonómicos y a las administraciones locales a "construir la nueva movilidad entre todos".
Así, ha abogado por que en España se piense en el vehículo eléctrico como "parte de la solución y no como el problema". "No se puede atacar al vehículo privado, sobre todo cuando somos un país de fabricantes de vehículos. Necesitamos un modelo de movilidad a la española, descarbonizada y que mantenga la industria y el empleo", ha agregado.
Infraestructura de recarga
Por otro lado, el presidente de ANFAC también ha insistido en la necesidad de incrementar la infraestructura de recarga en España. Sobre ello, ha señalado que en el país actualmente hay menos de 20.000 puntos operativos y que el objetivo para este año era que hubiese en torno a 45.000.
"Tiene que haber coches eléctricos en la calle. Cuando la demanda crezca se dará la infraestructura, porque es un negocio. Hasta ahora no ha arrancado en España y puede ser que no haya arrancado porque no hay coches eléctricos pequeños, pero llegarán en 2025. Si el gobierno da las ayudas, la infraestructura de recarga se arreglará. Tiene que ir de la mano con los coches en la calle", ha opinado.
Preguntado acerca de la decisión de la Comisión Europea de permitir la venta de vehículos que utilicen combustibles sintéticos ('e-fuels') a partir de 2035, Griffiths ha valorado que no debe primar el dogmatismo y que lo importante es lograr las cero emisiones, más allá de la tecnología que se utilice.
