Si bien todos los países y fabricantes parecen haber aceptado la adopción del coche eléctrico como único formato de movilidad a partir de 2035, la aplicación de la normativa Euro 7 no ha calado tan bien en el seno de la industria del motor. Europa quiere reducir los márgenes de emisiones del parque de vehículos nuevos, pero la estrategia política para llevar a cabo el objetivo no es del todo acertada. Fabricantes y países han mostrado su clara oposición y ahora Italia asegura que, junto con sus socios europeos, está en disposición de bloquear la entrada en vigor de la Euro 7.
La política europea siempre se ha basado en un tira y afloja. Aplicar una normativa común resulta muy difícil cuando existen diferencias entre los países miembros. No es lo mismo la aceptación del coche eléctrico en España que en Noruega o Alemania. Los balances de ventas dejan bien claro que no todos los territorios transcurren por el mismo camino. Italia también es uno de los países más rezagados en la estrategia de electrificación, aunque no tanto como nosotros. A pesar de ello, su Gobierno ha declarado la guerra a las políticas de movilidad de Europa. Ya criticaron la normativa de 2035, pero las maniobras para bloquear la Euro 7 son mucho más agresivas.
A principios de este año, el ministro de Transporte italiano, Mateo Salvini, ya avisó que iniciaría contactos con sus homólogos europeos para forjar alianzas que paralicen las normativas de emisiones aprobadas por el Parlamento Europeo. Francia y Alemania fueron los primeros países en mostrarse interesados, pues, junto con Italia, son los territorios que más se juegan en este nuevo rumbo medioambiental. Son los tres principales países por marcas: FIAT, Peugeot, Citroën, Volkswagen, Mercedes, Audi… Saben que la norma Euro 7 puede suponer un grave problema para sus empresas y buscan la manera de minimizar el impacto.
La verdad es que casi todos los fabricantes y conglomerados europeos han mostrado su claro desacuerdo con la política europea. Según ellos, la adopción de la normativa en 2025 supondría destinar miles de millones de euros a una tecnología que sólo estaría unos pocos años en vigor antes de la llegada masiva de coches eléctricos. La industria ha fijado un gasto de entre 20.000 y 35.000 millones de euros que podría desviarse directamente al desarrollo de sistemas y tecnologías aplicadas al coche eléctrico. Ese presupuesto no lo aceptarían las marcas, serán los clientes finales los que compensen las pérdidas en base a un incremento en los precios de los coches, que ya de por sí son elevados.
La posición de Mateo Salvini y del Gobierno italiano no es exclusiva. Numerosos responsables de la industria a nivel europeo han hablado abiertamente de la normativa Euro 7. El CEO de Renault y presidente de la ACEA (Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles, Luca de Meo, ha sido el más crítico. Junto a él también hemos oído declaraciones más recientes como las del CEO de BMW, Oliver Zipse, en las que llegá declarar tajante "no va a funcionar y es totalmente inviable”. Hay que tener en cuenta que Europa ha retrasado dos veces la entrada en vigor de la normativa Euro 7, pero a finales del año pasado quedó finalmente aprobada.
La realidad es que Europa no ha calculado muy bien las consecuencias de su política intermedia. Con toda la industria focalizada en el coche eléctrico, la normativa Euro 7 resulta absurda en términos económicos. Consiste en invertir grandes cantidades de dinero en motores con varios años y que da ventaja a los fabricantes chinos, totalmente despreocupados de semejantes gastos y con una oferta eléctrica cada vez mayor. Sólo el tiempo dirá cómo termina la lucha en el seno de la democracia europea. Salvini ya ha declarado: "Ahora somos una minoría de bloqueo, pero queremos convertirnos en una mayoría". Francia, República Checa, Rumania, Portugal, Eslovaquia, Bulgaria, Polonia y Hungría parecen los más animados.
