El proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el ejercicio 2019 recoge una nueva dotación de 67 millones de euros en concepto de ayudas orientadas a financiar las actuaciones de apoyo a la movilidad energéticamente eficiente y sostenible, lo que supone 400.000 euros más que en el ejercicio precedente.
Este montante econonómico unifica las líneas de apoyo del Gobierno a los vehículos eficientes en torno al Plan de impulso a la movilidad con vehículos de energías alternativas (Movea), con el que se concede ayudas a la adquisición de vehículos eléctricos, de gas licuado del petróleo (GLP/autogás), de gas natural comprimido (GNC) y licuado (GNL) y motos eléctricas.
Además, contempla la implantación de puntos de recarga en zonas de acceso público, siendo este último apoyo financiero a infraestructuras una de las novedades del programa respecto a los anteriores. A partir de 2017 también se incorporó el apoyo a los vehículos de pila combustible dentro del programa.
La partida destinada a la movilidad eficiente y sostenible está dividida en dos partes. El Ministerio para la Transición Ecológica destinará 50 millones de euros, que estarán gestionados por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDEA), mientras que el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo controlará 17 millones de euros.
De los 17 millones del departamento que dirige Reyes Maroto, 8,94 millones irán destinados a empresas privadas, 6,8 millones a familias e instituciones sin fines de lucro, 1,1 millones a entidades locales, 80.000 euros a comunidades autónomas y otros 80.000 euros a sociedades, entidades públicas empresariales, fundaciones y resto de entidades del sector público estatal.
El Ejecutivo destaca que el Plan Movea 2019 supone la continuidad en los objetivos y metodologías ya reflejadas en las dos anteriores convocatorias, "con las mejoras pertinentes como consecuencia de la experiencia adquirida en esas ediciones".
La UE aboga por reforzar la competitividad y garantizar la seguridad energética mediante una diversificación de las fuentes de energía. Además ha fijado una reducción de emisiones de gases de efecto invernadero del 20% para 2020 respecto a niveles de 1990, y del 40% para 2030, con el objetivo de lograr una mejora de la calidad del aire en Europa.
En 2016 se unificaron las dos líneas de apoyo del Gobierno a los vehículos eficientes (el PIMA y el Movele) en un solo programa: el Plan MOVEA, con el que se da desarrollo a, entre otras medidas, la Estrategia de impulso del vehículo con energías alternativas (VEA) en España 2014-2020.
En el ámbito de esta estrategia, el Consejo de Ministros aprobó en diciembre de 2016 un Real Decreto de medidas para la implantación de una infraestructura para los combustibles alternativos y un Marco de Acción Nacional de Energías Alternativas en el Transporte, enmarcándose ambas medidas dentro de la trasposición de la Directiva 2014/94/UE.
66,6 millones en el limbo
Los PGE para 2018, elaborados por el Gobierno del Partido Popular y prorrogados por el PSOE, contaban con una partida de 66,6 millones de euros en concepto de ayudas a la movilidad eficiente y sostenible como parte del Plan VEA que todavía no ha sido activada. Recogían 50 millones de euros para incentivar la compra de vehículos alternativos y 16,6 millones de euros para impulsar las infraestructuras.
El secretario general de Industria y de la Pyme, Raúl Blanco, aseguró, en una entrevista concedida a Europa Press, que el plan se lanzará en las próximas semanas a través del IDEA, con plena colaboración del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.
Impuesto al diésel
Además, el proyecto de PGE para 2019 contempla la supresión de la bonificación del diésel respecto a la gasolina, lo que supondrá un incremento del precio del gasóleo de 3,8 céntimos por litro para los consumidores particulares.
La decisión de suprimir la bonificación del diésel del Ejecutivo tendrá un impacto de tres euros mensuales para el consumidor medio, el que realiza unos 15.000 kilómetros anuales, lo que supondrá unos 36 euros al año.
El 30% de la recaudación que generará este incremento del precio del gasóleo, que se contabilizará en 2020, se destinará a medidas de impulso a la movilidad sostenible. La previsión es que se recauden 670 millones con la nueva 'fiscalidad verde', por lo que irán destinados unos 200 millones de euros a dicha partida.