El Congreso de los Diputados ha convalidado este jueves la extensión del Plan Moves III hasta finales de 2025, un ambicioso programa de incentivos para la adopción del vehículo eléctrico que cuenta con un presupuesto de 1.735 millones de euros. La medida ha recibido el apoyo de la mayoría de los grupos parlamentarios, con la excepción del Partido Popular, que se abstuvo, y Vox, que votó en contra.
Este plan estratégico, crucial para la transición hacia una movilidad más sostenible, ofrece ayudas retroactivas desde el 1 de enero, que oscilan entre 7.000 y 9.000 euros para la adquisición de vehículos eléctricos y la sustitución de vehículos comerciales de hasta 3.500 kilos. En el caso de los turismos, las ayudas alcanzan los 4.500 euros por vehículo, incrementándose hasta los 7.000 euros si se incluye el desguace de un vehículo antiguo. Además, se prorroga por un año la deducción del 15% en el IRPF por la compra de vehículos eléctricos enchufables, de pila de combustible y la instalación de puntos de recarga, con una base máxima de deducción de 20.000 euros.
Aagesen destaca la relevancia del decreto ante las tensiones comerciales
La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, ha defendido la importancia de la convalidación del decreto, especialmente en un contexto global marcado por las tensiones comerciales y los aranceles impuestos por Estados Unidos. "La norma que hoy sometemos a convalidación cobra especial relevancia en este contexto, tanto para la industria como para los consumidores, para dar certidumbre", ha afirmado la vicepresidenta.
Aagesen ha recordado que las ayudas del programa, financiadas por el Gobierno pero gestionadas por las comunidades autónomas, tienen carácter retroactivo desde el 1 de enero y estarán disponibles durante todo el año 2025. Asimismo, ha resaltado la dotación adicional de 400 millones de euros al programa vigente en 2024 y la deducción del 15% en el IRPF por la compra de vehículos eléctricos y puntos de recarga.
Apoyo de Sumar y PNV con críticas constructivas
Durante el debate parlamentario, tanto Sumar como el PNV manifestaron su apoyo al decreto, aunque también expresaron ciertas críticas constructivas sobre la burocracia asociada al programa y la necesidad de acelerar la electrificación del país. Júlia Boada, de Sumar, afirmó que el apoyo de su grupo es "claro y rotundo", pero instó a adoptar medidas para impulsar la movilidad eléctrica en España y alcanzar niveles similares a los de Portugal. Boada propuso agilizar la concesión de las ayudas y mejorar la red de recarga, señalando que España cuenta con una menor densidad de puntos de recarga por kilómetro de carretera en comparación con Portugal.
Idoia Sagastizabal, del PNV, coincidió en la necesidad de simplificar la burocracia del programa, haciendo eco de las quejas de fabricantes y compradores por los retrasos en la tramitación de las ayudas en algunas comunidades autónomas.
Críticas de Bildu y ERC a las deducciones fiscales
Por su parte, Mikel Otero, de EH Bildu, anunció el voto favorable de su grupo, pero cuestionó que las ayudas fiscales del programa no se ajusten al principio de "quien contamina, paga", al ofrecer las mismas deducciones para vehículos híbridos y eléctricos, a pesar de que los primeros son más contaminantes. Inés Granollers, de Esquerra Republicana (ERC), compartió esta crítica, señalando que las deducciones fiscales se aplican también a vehículos híbridos enchufables y de pila de combustible, tecnologías que considera de "transición".
Javier Sánchez Serna, de Podemos, calificó la renovación del Plan Moves III como positiva, pero denunció la gestión deficiente de algunas comunidades autónomas y cuestionó que el programa beneficie la compra de vehículos eléctricos de Tesla, una empresa estadounidense propiedad de Elon Musk, en un contexto de guerra comercial.
Junts critica el retraso del decreto y el PSOE responde
Josep Maria Cruset, de Junts, criticó duramente el decreto, calificándolo de "despropósito" por ser una mera prórroga del plan vigente en 2024 y llegar con un retraso de "cuatro meses" que ha perjudicado al sector de la automoción. "Miles de ciudadanos han decidido no comprar un coche porque no había garantía de después acceder a las ayudas", denunció.
María Montserrat Chavarría, diputada del PSOE, respondió a Cruset argumentando que el retraso en la aprobación del decreto se debió al voto en contra de su grupo, junto con PP y Vox, en una votación anterior. La diputada socialista también criticó a PP y Vox por oponerse al decreto ómnibus que incluía la prórroga del Plan Moves, acusándolos de actuar por "puro interés táctico y partidista".
PP y Vox denuncian la falta de neutralidad tecnológica
Ricardo Chamorro, de Vox, justificó el voto en contra de su grupo argumentando que el Plan Moves III no cumple con el principio de neutralidad tecnológica al incentivar "únicamente" los vehículos eléctricos. Además, criticó que el programa ofrezca subvenciones para coches eléctricos, cuyos precios son "inalcanzables" para las clases más humildes. "Se ayuda a quienes menos ayudas económicas necesitan", afirmó.
Paco Conde, del PP, reprochó al Gobierno la tardanza en presentar el decreto al Congreso, generando incertidumbre en el sector. También criticó la falta de neutralidad tecnológica y destacó las "enormes dificultades" de los usuarios para adquirir un coche eléctrico debido a su precio, autonomía y la escasez de puntos de recarga.