Según el Gobierno de Pedro Sánchez, España aspira a liderar la electromovilidad en Europa, con un objetivo de más de 5,5 millones de vehículos eléctricos para 2030. El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) propone medidas fiscales que faciliten la adopción de tecnologías de movilidad, tomando como ejemplo a Portugal, y ayudas directas al consumidor para que los beneficios sean inmediatos. Además, se valora la creación de una ventanilla única para la infraestructura de recarga y un plan maestro similar al de Alemania o Gran Bretaña para cumplir con los objetivos previstos.
Son medidas que Arturo Pérez de Lucia, director gerente de AEDIVE, ha solicitado en varias ocasiones. Afirma que, aunque se está trabajando en ello, España aún no ha conseguido alinear las estrategias industriales con las de las administraciones públicas para generar la demanda del mercado necesaria que impulse definitivamente el sector.
El sector le manda una carta a Pedro Sánchez
El RDL 15/2018 derogó la figura del gestor de carga. Sin embargo, todavía existen dificultades administrativas que retrasan la infraestructura de carga. Las ayudas del Moves son confusas e irregulares, lo que hace dudar al comprador si podrá acogerse a ellas. Se necesita una reforma fiscal basada eliminación del IVA que cree un marco de incentivos fácil de gestionar y continuado en el tiempo.
Estas medidas y otras quedan patentes en la carta conjunta que han enviado a Pedro Sánchez las asociaciones empresariales del sector del automóvil y ONGs ambientales. En ella solicitan un paquete de medidas coherente para acelerar la transición energética en la movilidad y aumentar la penetración del vehículo eléctrico en España. Entre las medidas propuestas, piden la coordinación de los diferentes ministerios implicados en la cadena de producción del automóvil para conservar el empleo y la capacidad de fabricación en el país.
Consideran imprescindible reformar la fiscalidad de los vehículos eléctricos, incluyendo medidas dirigidas al canal empresa y ayudas directas, sencillas y predecibles para la compra de vehículos eléctricos, basadas en criterios ambientales. También abogan por un plan nacional de infraestructura de recarga que aborde los problemas específicos de la industria, especialmente en áreas rurales con baja densidad de población y el acceso a la recarga.
Para ello, solicitan la creación de un Centro Estatal para el despliegue de infraestructuras de recarga de vehículos eléctricos encargado de la coordinación y la gobernanza. Defienden la conformación de una hoja de ruta para el sector de la automoción hasta 2025, en respuesta al anuncio de la Unión Europea de cesar la venta de vehículos de combustión a partir de 2035, una decisión que consideran una oportunidad más que un riesgo.
España necesita un sector de automoción fuerte
El sector del automóvil representa cerca del 10% del PIB y el 9% del empleo en España, con un 87% de la producción destinada a la exportación, situándose como el segundo país europeo en producción de automóviles. Sin embargo, en 2023, España ocupó el puesto 19 de los 27 países europeos en cuanto a matriculaciones de vehículos eléctricos.
