Con el horizonte eléctrico fijado en el radar de toda la industria, la Unión Europea no parece satisfecha con la reducción de emisiones del parque de vehículos. Con la Agenda 2030 bajo el brazo, el Parlamento Europeo quiere aplicar una norma intermedia a partir de 2025. La industria ya ha mostrado su total rechazo al tacharla de desproporcionada. La ACEA (Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles) pone la guinda en el pastel con el coste real de la adopción de la norma Euro 7. El gasto es tan disparatado que muchos países ya se han puesto en contra de la política continental.
Italia es, por ahora, el miembro de Europa que más se ha enfrentado a la norma. Entre sus fronteras se encuentran algunos fabricantes de renombre y prestigio como Ferrari, FIAT o Lamborghini. La industria automovilística italiana es importante y atacarla mediante regulaciones puede suponer una notable pérdida de ingresos y puestos de trabajo. Mateo Salvini, Ministro de Transporte, asegura que cuenta con el apoyo de más países para bloquear la entrada en vigor de la Euro 7 en 2025.
Aprobada finalmente en diciembre del año pasado, los vehículos diésel tendrán que cumplir los mismos límites de emisiones de partículas de NOx que los de gasolina, lo que supone una reducción del 25% con respecto a los baremos actuales. Eso quiere decir que los fabricantes deberán invertir mucho dinero en adoptar y desarrollar tecnologías que mitiguen las partículas nocivas de la combustión. Algo que parece mucho más barato de decir que de hacer.
Los pronósticos de la Unión Europea se quedan cortos. Los fabricantes calculan que el coste será 10 veces más alto según un nuevo estudio de la consultora Frontier Comision. Los costes directos de los turismos y furgonetas de gasolina, incluidos los de homologación, inversión y equipamiento, serán de 1.862 euros por vehículo. Los políticos europeos estimaron que el coste aproximado de todo el proceso sería de apenas 184 euros por coche o furgoneta. La desviación es notoria y, por supuesto, ese coste no será asumido por el fabricante sin ningún retorno. Es decir, que será el comprador el que tenga que afrontarlo mediante un aumento del precio del coche.
La ACEA ha lanzado un comunicado oficial en el que deja claro que está comprometida con la reducción de emisiones del parque de vehículos, pero considera que la propuesta de la Euro 7 no es la forma correcta de afrontarlo. Según ellos, el impacto medioambiental será extremadamente bajo para un coste exageradamente alto. Si las cifras son correctas, en efecto el coste parece disparatado para una reducción de sólo el 25% de las emisiones. En una industria a la baja y en pleno proceso de cambio, incrementar el precio de los coches supondrá que muchos conductores optarán por mantener sus viejos y contaminantes vehículos.
Por toda la industria corre un malestar notable con las autoridades continentales. Numerosos presidentes y directores han mostrado su rechazo. El último ha sido el CEO de BMW, Oliver Zipse: “No va a funcionar y es totalmente inviable”. En estos momentos, la industria automovilística europea se encuentra en una situación de clara vulnerabilidad. Estados Unidos está aplicando duras medidas contra coches y fabricantes extranjeros, mientras que China ha puesto toda su atención en el Viejo Continente. Cada vez son más las marcas que se introducen en Europa con la promesa de ofrecer lo que las locales son incapaces de cumplir. Carlos Tavares, CEO de Stellantis, ya ha denunciado que la aplicación de la norma Euro 7 sólo aporta ventaja a los fabricantes chinos.
