Una de las prioridades de la Administración Biden al llegar a la Casa Blanca ha sido establecer una hoja de ruta contra el calentamiento global y tomar medidas para reducir las emisiones de efecto invernadero. En ese contexto, el actual presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha anunciado un gran plan de inversiones en torno a los coches eléctricos y la infraestructura de recarga bajo el nombre 'Build Back Better Agenda', así como un objetivo de cuota de ventas de coches eléctricos para el año 2030. Pero, ¿es realmente ambicioso este plan? ¿En qué se parece y en qué se diferencia respecto a lo que promueve la Unión Europea?
El anuncio realizado por el presidente Joe Biden está encaminado a reducir un 60% las emisiones de gases de efecto invernadero procedentes de turismos nuevos en el año 2030 respecto a las emisiones generadas el año pasado. Una decisión acorde con el objetivo de la Administración Biden de reducir un 50-52% las emisiones netas de CO2 en toda la economía estadounidense.
Un acuerdo «no vinculante» con los 3 grandes fabricantes de Estados Unidos
Más concretamente, el presidente Biden ha firmado una Orden Ejecutiva que establece (o propone, mejor dicho) que la mitad de todos los vehículos nuevos que se vendan en 2030 sean «cero emisiones», incluyendo vehículos eléctricos de batería, eléctricos de pila de combustible e híbridos enchufables. A pesar de lo que han comunicado algunos medios, Biden no ha apostado todo -ni mucho menos- por los coches eléctricos para el año 2030.
Es obvio que este anuncio tiene una fuerte carga simbólica de cara al futuro de la industria automovilística estadounidense y global. Sin embargo, difiere bastante de la política llevada a cabo en la Unión Europea. Lo que ha hecho el presidente Biden es llegar a un «acuerdo no vinculante» con los tres mayores fabricantes de coches del país, sin establecer una fecha límite para eliminar gradualmente los vehículos con motor de combustión o una ley que obligue a ello. Esta es quizá la diferencia más importante con respecto al Pacto Verde de la Unión Europea, que sí ha creado un marco legislativo para eliminar de facto los coches nuevos con motor de combustión en el año 2035.
La Orden Ejecutiva de Biden también planea poner en marcha nuevas normas a la hora de medir el consumo de combustible y emisiones para «ahorrar dinero a los consumidores, reducir la contaminación, mejorar la salud pública, promover la justicia ambiental y hacer frente a la crisis climática».
Por esa razón, el acuerdo ha tenido críticas de todos los colores. Senadores Demócratas como Gary Peters han visto con buenos ojos que haya flexibilidad (sin que se establezca una prohibición clara), pero al mismo tiempo creen «necesario establecer objetivos más ambiciosos». Por su parte, Dan Becker, director de Safe Climate Transport Campaign, ha criticado el plan con cierto humor ácido: «las promesas voluntarias de los fabricantes de automóviles hacen que los propósitos de Año Nuevo para perder peso parezcan un contrato vinculante legalmente».
174.000 millones al coche eléctrico y una red de carga nacional
En el acto estuvo acompañado por representantes y altos directivos de General Motors, Ford y Stellantis (los tres mayores fabricantes de coches de Estados Unidos) así como del Sindicato de Trabajadores del Automóvil (UAW). Curiosamente, no estuvo presente Tesla -el mayor fabricante estadounidense de coches eléctricos-. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, dejó entrever que Tesla no fue invitada por no estar sindicada.
Los fabricantes han llamado a la acción del gobierno federal para que tome medidas con el objetivo de expandir la infraestructura de recarga y fomentar la demanda de los consumidores, una demanda de vehículos eléctricos que, a excepción de algunas regiones, en Estados Unidos sigue siendo baja por lo general.
En este sentido, Biden anunció el pasado mes de junio 174.000 millones de dólares de gasto público para impulsar la implantación del coche eléctrico, incluyendo incentivos directos al consumidor y un ambicioso proyecto para instalar una red nacional de estaciones de recarga para vehículos eléctricos. Dicho proyecto dispondrá de 7.500 millones de dólares para instalar 500.000 cargadores para vehículos eléctricos en todo el territorio estadounidense.
No es sólo una cuestión medioambiental: también de competitividad económica y tecnológica
Este paquete de medidas no sólo tiene por objetivo reducir las emisiones de CO2, también tiene una fuerte carga geopolítica, económica y de competitividad tecnológica. El programa 'Build Back Better' busca posicionar a Estados Unidos como líder en el desarrollo y la fabricación de vehículos y superar a China, que en palabras de la propia Casa Blanca, «está acaparando cada vez más la cadena de suministro mundial de vehículos eléctricos y baterías». En el anuncio de Joe Biden, el presidente ha dicho que necesitan «crear puestos de trabajo bien remunerados y sindicalizados en nuestro país, liderar los vehículos eléctricos en todo el mundo y ahorrar dinero a los consumidores estadounidenses».
Como consecuencia de esta tendencia, Estados Unidos y la Unión Europea están apresurándose para tomar la delantera invirtiendo fuertemente en todo lo que rodea al vehículo eléctrico, desde la fabricación y montaje final de piezas y componentes en territorio nacional (por ejemplo, nuevas fábricas de baterías y motores) hasta la búsqueda de nuevas tecnologías que permitan reducir la dependencia de terceros países en ciertas materias primas, como el litio, el cobalto o las tierras raras. Sin olvidar, claro, las ventajas que supone a nivel de negocio tener mejores productos que el vecino, en este caso mejores coches eléctricos para vender tanto dentro como fuera del mercado nacional.
