En la carrera hacia una movilidad sostenible, uno de los retos más invisibles es la pobreza en el transporte. Este concepto, que empieza a ganar espacio en el debate público y político, se refiere a la "incapacidad o dificultad de las personas y los hogares para hacer frente a los costes del transporte público o privado, o su falta de acceso o su acceso limitado al transporte necesario para acceder a servicios y actividades socioeconómicas esenciales, en condiciones suficientes para una buena calidad de vida, teniendo en cuenta el contexto social y territorial", según ECODES. No hablamos solo de cómo llegar de un punto “A” a un punto “B”, sino de garantizar algo mucho más profundo: la igualdad de oportunidades.
En España, este no es un problema que podamos obviar. Según estimaciones del Basque Centre for Climate Change (BC3), en 2022 había un 3,4% de hogares en situación de vulnerabilidad severa en el transporte, lo que equivale a, aproximadamente, 650.000 hogares. Aunque en 2023 esta cifra ha disminuido al 2,6%, sigue afectando a cerca de medio millón de hogares o, lo que es lo mismo, a entre 1,3 y 1,8 millones de personas. Sin embargo, la falta de definición y reconocimiento oficial de la pobreza en el transporte dificulta que se implementen políticas para abordarla. Los billetes caros, la escasez de frecuencias en el transporte público y la desconexión de muchas zonas rurales no son meras deficiencias del sistema: son barreras reales que perpetúan la desigualdad y la exclusión social.
Para garantizar que la transición sea justa e inclusiva, la Unión Europea (UE) ha creado el Fondo Social para el Clima (FSC), destinado a apoyar a los hogares, pequeños negocios y pasajeros más afectados por la pobreza energética y de movilidad. Este fondo tiene el objetivo de financiar medidas concretas para hacer frente a la pobreza energética y de movilidad, tanto a corto como a largo plazo. Entre las iniciativas que puede respaldar se incluyen incentivos para cambiar el transporte privado por el público, fomentar el uso compartido del coche y promover el transporte en bicicleta, como alternativas más accesibles y sostenibles, además de apoyar el desarrollo de un mercado de segunda mano de vehículos eléctricos, facilitando así el acceso a la movilidad sostenible para aquellos con menos recursos. Y para ello, el gobierno español debe desarrollar un Plan Social para el Clima con medidas y políticas que se diseñen de manera participativa, incluyendo la voz de los colectivos más afectados. Debemos trabajar de manera coordinada para garantizar que nadie se quede atrás durante esta transición tan necesaria para nuestro clima como para toda la ciudadanía.
Otra herramienta para revertir esta situación es la futura Ley de Movilidad Sostenible, que se espera que quede aprobada en el primer semestre de 2025. Llevamos tiempo incidiendo en que esta norma debe incorporar una mirada social que garantice que el transporte sostenible sea un derecho para todos, no un lujo reservado para quienes tienen solvencia económica para poder pagarlo. El transporte público debe ser asequible y eficaz, especialmente para aquellos colectivos y territorios más vulnerables.
La pobreza en la movilidad no se suele analizar con la misma urgencia que otras formas de desigualdad, pero sus impactos son igualmente devastadores. La falta de transporte accesible limita el acceso al empleo, a la educación, a la sanidad y a otros servicios esenciales. En las áreas rurales la situación es especialmente crítica: los habitantes dependen, en gran medida, del coche privado, pero el encarecimiento del combustible y el mantenimiento de un vehículo pueden ser inasumibles para muchos. Además, en las ciudades, los billetes de transporte público son cada vez menos asequibles para las familias con menores ingresos.
Este problema tiene un claro componente territorial. Mientras que en las grandes urbes suele existir una red de transporte relativamente amplia y bien conectada, las zonas periurbanas y rurales quedan relegadas. Las personas que viven en estas áreas no solo están más alejadas de los servicios, sino que también ven limitadas sus oportunidades de empleo y educación.
La desigualdad no solo se da entre territorios, sino también entre personas. La transición hacia una movilidad sostenible debe ir acompañada de medidas que prioricen la inclusión social. De lo contrario, corremos el riesgo de agravar las desigualdades existentes. No podemos permitirnos que el transporte limpio y sostenible sea un privilegio para quienes pueden costear un coche eléctrico o billetes de tren de alta velocidad. La movilidad sostenible debe ser también accesible y asequible.
En este sentido, es imprescindible que contemos con mecanismos y medidas claras para combatir la pobreza en la movilidad, como, por ejemplo:
- Tarifas sociales y bonos gratuitos. Programas que garanticen que las personas con menores ingresos puedan acceder al transporte público, sin que les suponga una carga económica excesiva, y financiados a través de una fiscalidad verde y justa, de forma que los ingresos de impuestos a la contaminación se destinen a estas medidas.
- Ampliación y mejora de la red de transporte público. Especialmente en zonas rurales y periurbanas, asegurando frecuencias adecuadas y conexiones eficaces.
- Infraestructuras para transporte activo. Invertir en carriles bici y zonas peatonales para fomentar alternativas de bajo coste y sin emisiones.
- Electrificación inclusiva. Subvenciones y planes de acceso a vehículos eléctricos compartidos en sectores vulnerables.
- Transporte a demanda. Servicios flexibles en zonas rurales o de difícil acceso que permitan acceder al transporte cuando sea necesario, como, por ejemplo, el car sharing o car pooling.
En Europa, varios países han implementado políticas innovadoras para combatir la pobreza en el transporte y garantizar una movilidad accesible. Por ejemplo, Alemania lanzó el "Deutschland-Ticket", que permite viajes ilimitados en transporte público por todo el país por solo 49 euros al mes, una medida que ha beneficiado especialmente a familias con menores ingresos y habitantes de zonas rurales. En Francia, el Pass Navigo Solidarité ofrece descuentos de hasta el 75% en transporte público para desempleados y jubilados. Por su parte, Italia ha puesto en marcha el Bono Trasporti, un subsidio de hasta 60 euros destinado a personas con ingresos bajos para la compra de abonos de transporte público.
Hablar de pobreza en la movilidad es hablar de justicia social y climática. La movilidad no es un lujo: es un derecho que debe estar garantizado para todas las personas, independientemente de su nivel de ingresos o lugar de residencia. Si queremos construir un sistema de transporte verdaderamente sostenible debemos empezar por reconocer y abordar las desigualdades estructurales que perpetúan la exclusión.
La Ley de Movilidad Sostenible y el Plan Social para el Clima pueden marcar un antes y un después para garantizar este derecho. Pero, esto solo será posible si la inclusión social ocupa un lugar central en su diseño e implementación. Reducir emisiones o fomentar el transporte eléctrico es un paso crucial para la transición ecológica, pero no es suficiente. Se trata también de garantizar que todas las personas puedan moverse libremente, de manera segura y sostenible, sin importar su situación económica.
La pobreza en la movilidad afecta a miles de personas en España. Ignorar este problema es incompatible con los principios de justicia social que deberían guiar nuestras políticas públicas. Ahora es el momento de actuar. Un transporte justo no es solo cuestión de sostenibilidad, también de dignidad y derechos.