La Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (ANFAC) ha presentado una iniciativa para impulsar el desarrollo de infraestructura de puntos de recarga para vehículos eléctricos en España. Este ambicioso plan incluye un decálogo de medidas dirigidas a las Administraciones Públicas, orientado a favorecer la expansión tanto de la recarga pública como privada en zonas urbanas.
El nuevo informe de ANFAC no solo ofrece recomendaciones estratégicas para acelerar el despliegue de la red de recarga en el país, sino que también propone una metodología adaptable para calcular la potencia instalada necesaria en cada municipio. Con esta herramienta, la asociación busca apoyar a la Administración General del Estado y a las Entidades Locales en el diseño y ejecución de planes de movilidad urbana sostenible en todas las ciudades españolas.

10 recomendaciones estratégicas y una metodología.
Diez recomendaciones para favorecer el despliegue de infraestructura
Este informe complementa la propuesta presentada en 2021, actualizada en 2023, que apuntaba a acelerar la instalación de puntos de recarga en todos los segmentos del transporte por carretera, en línea con los nuevos objetivos de descarbonización del 'Fit for 55' para vehículos ligeros y pesados hasta 2035.
1. Creación de un órgano de gobernanza en entidades locales
Las administraciones municipales deben contar con un organismo que coordine las políticas de movilidad y urbanismo, integrando áreas como Vivienda, Urbanismo, Movilidad, Transportes y Medio Ambiente. Este órgano debe basarse en una planificación a largo plazo y contar con un proceso de seguimiento definido. Arancha García, directora de Industria y Medio Ambiente de ANFAC, destacó la importancia de combinar estos ámbitos para establecer un plan coordinado de despliegue y uso del espacio.
2. Formación y procedimientos específicos para el personal municipal
Es fundamental promover y agilizar la tramitación de autorizaciones, licencias y permisos para la instalación de puntos de recarga, a través de la capacitación y dimensionamiento adecuados del personal involucrado.
3.Desarrollo de un marco regulatorio
Se debe establecer una normativa que permita conocer de forma pública la capacidad disponible en los puntos de acceso de las redes de transporte y distribución eléctrica. Una correcta planificación de la infraestructura de recarga depende de la evaluación de la capacidad instalada en cada localidad.
4. Optimización de las licitaciones de suelo público para puntos de recarga
Las entidades locales deben dirigir las licitaciones de suelo de forma que se garantice la eficiencia y viabilidad en la instalación y gestión de puntos de recarga por parte de empresas privadas.
5. Implementación de estaciones multienergía
Durante la renovación de las concesiones de estaciones de servicio en suelo municipal, se deben incluir nuevos requerimientos que promuevan la incorporación de infraestructura de recarga. Así, las estaciones se transformarán en espacios multienergía, integrando la oferta de combustibles convencionales junto a la recarga para vehículos eléctricos.
6. Incremento de los compromisos de reducción de emisiones
Las administraciones públicas deben planificar y facilitar la instalación de puntos de recarga en aparcamientos públicos para residentes y mixtos. Estos espacios pueden convertirse en grandes hubs de recarga, eliminando barreras normativas y económicas, y fomentando un uso racional de la vía pública, especialmente dado el bajo porcentaje de viviendas con garaje en España.
7. Revisión de las ordenanzas fiscales
Las entidades locales pueden aprovechar el marco de flexibilidad que establece el Real Decreto-ley 29/2021 para implementar medidas fiscales que contribuyan al despliegue de puntos de recarga. Esto incluye la posibilidad de bonificar hasta el 50% del IBI y del Impuesto de Actividades Económicas, así como hasta el 90% en obras e instalaciones necesarias para estos puntos, tal como explicó García.
8. Aumento de los compromisos de reducción de emisiones de CO2 en contrataciones públicas
Se propone adelantar en cinco años los compromisos del sector privado en las contrataciones municipales, elevando los objetivos de adquisición de vehículos limpios para 2030: 100% para turismos, vehículos comerciales ligeros y autobuses urbanos, y 50% para camiones. Asimismo, se recomienda que los aparcamientos de edificios públicos alcancen un 50% de puntos de recarga a partir del 31 de diciembre de 2025, llegando al 100% en 2030.
9. Lanzamiento de campañas institucionales
Es esencial desarrollar campañas de concienciación ciudadana y empresarial en torno a la electromovilidad, destinando un porcentaje mínimo obligatorio del presupuesto de Concienciación Ciudadana o Medio Ambiente, para asegurar campañas de impacto y duraderas.
10. Colaboración con sectores estratégicos vinculados a los municipios
Se debe incentivar a hoteles, centros comerciales y otros establecimientos relacionados a potenciar el despliegue de puntos de recarga en sus aparcamientos, yendo más allá de las obligaciones mínimas.
Metodología
Junto a este decálogo, ANFAC propone una metodología para el cálculo de la potencia instalada necesaria en la infraestructura de recarga de vehículos eléctricos en cada municipio. Esta herramienta está diseñada para facilitar a las entidades públicas la planificación, seguimiento y evaluación de las medidas que impulsen el desarrollo de la red de recarga en todo el país.
Con estas medidas, ANFAC reafirma su compromiso con la movilidad sostenible y la transición hacia una economía baja en carbono, apoyando a las administraciones en el logro de los objetivos marcados por el 'Fit for 55' y en la transformación del sector del transporte en España.