Con la entrada al año 2025, la Unión Europa pondrá en marcha oficialmente la normativa CAFE (las siglas en inglés de Clean Air For Europe), un sistema de emisiones de combustible medias corporativas que endurecerá las emisiones de dióxido de carbono permitidas para los coches vendidos nuevos.
La normativa CAFE establece que las emisiones de dióxido de carbono no deben superar los 93,6 gramos por kilómetro en los coches matriculados nuevos. Dicha normativa será aplicable en los 27 países de la UE y se mantendrá entre 2025 y 2029.
A partir de ahora, la normativa CAFE exige que la media de emisiones de CO2 en los vehículos de cada fabricante se reduzca en un 15 por ciento en comparación con los niveles de inicio de década. El límite que entra en vigor este 2025 se reducirá aún más en 2035, estableciéndose en 49,5 gramos de CO2 por kilómetro, con el ánimo de implementar la prohibición de facto de las ventas de vehículos de combustión de gasolina y diésel.
Los fabricantes piden más tiempo
Los fabricantes que incumplan la normativa (es decir, que superen el máximo de 93,6 gramos por kilómetro) serán sancionados con hasta 95 euros por cada gramo excedido según la ley, y multiplicado por el número de unidades de coches que vendan.
Esto abre la puerta a multas multimillonarias contra las marcas automovilísticas que no consigan alcanzar los objetivos de ventas de vehículos cero emisiones, que con sus 0 g/km ayudan a rebajar la media de emisiones del resto. Algunos fabricantes, e incluso países como Alemania, han pedido a la Unión Europea levantar la mano en 2025.
Desde la Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles (ACEA, por sus siglas en inglés), piden que se cree "claridad sobre el empleo y las inversiones" para evitar daños a la competitividad de Europa, aunque reconocen que la industria de la automoción sigue comprometida con el objetivo de neutralidad climática de la UE para 2050, y con la transición hacia una movilidad de cero emisiones.
La patronal europea de automoción advierte de que, a diferencia de hace cuatro años, para cumplir con los objetivos más estrictos de reducción de CO2, "esta vez es necesaria una interacción fluida de factores que están dentro y fuera del control directo de los fabricantes".
En estos momentos, las ventas de vehículos eléctricos en Europa están estancadas sobre el 13 por ciento de la cuota de mercado. Son diez puntos porcentuales menos por debajo de lo que deberían estar, "una brecha demasiado grande como para cerrarla a tiempo", alertan.
Las proyecciones varían en cuanto al montante total de las sanciones que tendrían que terminar pagando los fabricantes que no cumplan con estas cuotas de ventas. La industria calcula que estaría entre los 10.000 y los 16.000 millones de euros. Sin embargo, otras fuentes aseguran que, en un escenario central, el impacto potencial podría limitarse a 5.100 millones de euros.
En lugar de vender más eléctricos, fabricarán menos con motor térmico
No obstante, los fabricantes han alertado de que la industria del automóvil corre el riesgo de perder hasta 16.000 millones de euros en capacidad de inversión, ya sea por pagar multas, reducir la producción de modelos de combustión (para aumentar la proporción de eléctricos), asociándose con competidores extranjeros o vendiendo vehículos eléctricos con pérdidas como consecuencia de la aplicación de la normativa CAFE. A día de hoy, los miembros de la ACEA han comprometido 250.000 millones de euros para la transición a la movilidad eléctrica.
Con los niveles actuales de ventas de vehículos eléctricos, los fabricantes tendrían que abandonar la producción de 2,5 millones de coches de combustión o enfrentarse a las multas previstas a partir de ahora por el Ejecutivo comunitario. Es el caso de Stellantis, que en lugar de vender más coches eléctricos, se prepara para fabricar menos coches con motor de combustión. El jefe del grupo en Europa, Jean-Philippe Imparato, dijo en octubre que su trabajo a finales de 2024 sería "alinear la producción de vehículos vendidos en el primer trimestre de 2025".
Presión a Bruselas de algunos países miembros
Por su parte, algunos países europeos han intentado sin éxito presionar a Bruselas para retrasar la aplicación de la normativa. Francia intentó crear una coalición de capitales contra el Ejecutivo comunitario de la alemana Úrsula Von der Leyen para evitar la aplicación de sanciones a los fabricantes.
A principios de septiembre, Italia pidió a Bruselas una revisión exhaustiva de la normativa ante el temor de que la medida pueda provocar el "colapso" de la industria automovilística comunitaria. El primer ministro de República Checa apoyó la postura de Italia.
Al tiempo, Rumanía, bastión de Dacia (grupo Renault), sin coches eléctricos de batería en su catálogo, salvo el Spring importado de China, considera que la hoja de electrificación europea es demasiado agresiva.
Más recientemente, el canciller alemán Olaf Scholz también ha pedido a la Comisión Europea que no persiga a los fabricantes que superen los límites de CO2 en 2025. Scholz pidió perdonar las multas este próximo 2025, pues estas podrían limitar la capacidad de inversión de los fabricantes en la electrificación de sus vehículos.