La Euro 7 es una normativa propuesta por la Unión Europea con el objetivo de regular las emisiones de los vehículos de motor. Está destinada a establecer límites sobre las emisiones contaminantes de los automóviles, reducir la contaminación del aire y mejorar la calidad del mismo. En 2025, cuando entre en vigor, rebajará los límites para las emisiones de contaminantes: óxidos de nitrógeno (NOx), partículas finas, dióxido de carbono (CO2) y otros contaminantes relacionados con los vehículos de motor.
Aprobada en diciembre del año pasado, su implementación implica cambios significativos en la industria, ya que obliga a los fabricantes a adaptar sus vehículos y sistemas de propulsión para cumplir con los nuevos estándares.
Las dos paradojas de la Euro 7
El pasado lunes 5 de mayo, ocho países europeos, encabezados por Italia, firmaron un escrito en el que expresan su oposición a la Euro 7. En él afirman que el nuevo estándar propuesto por la Comisión Europea corre el riesgo de “obstaculizar las inversiones de los fabricantes en vehículos eléctricos”.
El hecho de que la Euro 7 imponga nuevas normas sobre los gases de escape de los vehículos de combustión interna obliga a los fabricantes europeos a centrarse e invertir en este objetivo. Una primera paradoja, ya que tendrán que desviar los fondos que podrían dedicarse a la electrificación, lo que supone ceder terreno frente a los competidores estadounidenses y asiáticos y retrasar su desarrollo.
Por otro lado, la ACEA (Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles) calcula que será necesario invertir 1.862 € por vehículos para cumplir la norma, 10 veces más de lo que había calculado la Unión Europea.
Una cantidad que, repercutida a los compradores, impedirá a estos la adquisición de un vehículo nuevo (eléctrico) y les obligará a mantener el antiguo, cada vez más contaminante. Una segunda paradoja para una norma que podría, también en el caso de los usuarios, lograr el efecto contrario para el que fue creada.
Ocho países en contra
Entre los firmantes del mencionado escrito se encuentran Italia, Francia, Bulgaria, Hungría, Polonia, República Checa, Rumanía y Eslovaquia. Sorprende la ausencia de Alemania, considerada con diferencia la primera potencia automovilística europea. Sin embargo, el país teutón ha hecho saber que la norma Euro 7 representa "un riesgo para sus empresas". Sin siquiera entrar a hablar del contenido del texto, Alemania considera insostenible el plazo propuesto de 2025.
Si bien el acuerdo entre los eurodiputados y los Estados miembros de la UE para prohibir la venta de vehículos nuevos dotados de un motor de combustión en 2035 sí es unánime, no ocurre lo mismo con esta norma que ha sido motivo de múltiples discrepancias durante su desarrollo y nunca ha logrado el acuerdo de todos los países.
Los ocho gobiernos que se oponen al texto aseguran que "son hostiles a cualquier nueva normativa sobre gases de escape para automóviles y vehículos comerciales ligeros (incluidas las nuevas obligaciones sobre las condiciones de prueba o los nuevos límites de emisiones)”.
Adolfo Urso, ministro italiano de Desarrollo Económico, se ha mostrado encantado de que “muchos países se están uniendo a Italia para oponerse a Bruselas sobre este texto” que puede causar muchos problemas a una industria europea que emplea a casi 13 millones de personas.
Por otro lado, los ecologistas creen que la norma Euro 7 no va lo suficientemente lejos como para cumplir los objetivos de reducción de las emisiones de gases. Incluso, acusan a la Comisión de ceder ante el cabildeo automovilístico. Para lograr un nuevo reglamento, los miembros de la Unión deberán adoptar una posición común, antes de presentar un texto al Parlamento Europeo.
