Además de prohibir la venta de vehículos con motor de combustión a partir de 2040, el Ministerio de Transición Ecológica ha propuesto un plan estratégico para el desarrollo de la infraestructura de recarga en España. La propuesta del Gobierno contempla multas de hasta 30 millones de euros para aquellas estaciones de servicio que no instalen puntos de recarga para vehículos eléctricos como alternativa a sus surtidores.
Según estipula el proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Ecológica, aquellas estaciones de servicio con un volumen de distribución superior a 5 millones de litros anuales deberán ofrecer, obligatoriamente, un servicio de recarga rápida para motos y coches eléctricos con un mínimo de 22 kW de potencia. El plazo que ha dado el Gobierno para que las gasolineras se adapten a esta nueva norma es de 27 meses desde la publicación de la mencionada ley. Las estaciones de servicio afectadas son aquellas que, según los precios actuales de los carburantes, facturan por encima de 15 millones de euros anuales.
Tal y como explica hoy El Mundo, la implantación de esta norma estará dividida en dos fases. La primera fase afectará únicamente a las estaciones de servicio que vendan más de 10 millones de litros al año, que dispondrán de 9 meses desde su para establecer un plan de instalación de cargadores y cumplir con la nueva legislación. La segunda fase incumbe al resto de estaciones, con entre 5 y 10 millones de litros distribuidos, las cuales dispondrán de 15 meses para aplicar el plan de recarga eléctrica y otros 12 meses adicionales para activarlo.
Según los cálculos del Gobierno, esta medida afectará a unas 200 estaciones repartidas por todo el territorio español. La mayoría de ellas están situadas en las mejoras zonas de las ciudades o puntos estratégicos cercanos a las autopistas de mayor tránsito, lo que les permite alcanzar este gran volumen de facturación, por lo que la instalación de los cargadores para vehículos eléctricos tendrá un componente estratégico intrínseco. Cabe mencionar que el Gobierno obligará a que la electricidad que se suministre en estos puntos de recarga sea de origen 100% renovable.