El pasado 22 de enero, la movilidad sostenible en España sufrió un golpe inesperado. El Gobierno no logró aprobar el esperado ‘decreto ómnibus’ en el que se incluía la extensión de las ayudas del Plan Moves III hasta el 30 de junio de 2025. Este revés no solo dejó en el aire miles de solicitudes, sino que también truncó las esperanzas de quienes veían en estas subvenciones una oportunidad única para pasarse al coche eléctrico o híbrido.
Una semana después y tras la estéril pelea entre políticos, prensa y tertulianos para ganar la batalla del relato, el Consejo de Ministros se reunía hoy de nuevo con la intención de volver a poner sobre la mesa un nuevo decreto. La esperanza era que, en él se incluyese la prórroga del Plan Moves se ha diluido puesto que finalmente ha quedado fuera, lo que supone un duro golpe para el sector, una “catástrofe” tal y como ha afirmado la propia Asociación Empresaria para el Desarrollo e Impulso de la Movilidad Eléctrica (AEDIVE).
Qué se pierde con la ausencia del plan de ayudas
El Plan Moves III, diseñado para impulsar la compra de vehículos eléctricos y de pila de combustible, ofrecía ayudas de hasta 7.000 euros para quienes achatarraban un vehículo de combustión, y de 4.500 euros si no se entregaba un coche antiguo. En el caso de vehículos comerciales de hasta 3.500 kilos, las ayudas podían alcanzar entre 7.000 y 9.000 euros. Además, el plan incluía una deducción fiscal del 15% en la compra de coches eléctricos.
Sin embargo, con el rechazo del primer decreto y la no inclusión en el segundo, estas ayudas se esfuman de la noche a la mañana. Para aquellos que estaban a punto de dar el salto a la movilidad eléctrica, esta noticia es un jarro de agua fría.
La infraestructura de recarga, en el limbo
El impacto del rechazo no se limita a las ayudas directas para la compra de vehículos. También afecta gravemente a la infraestructura de recarga, un pilar fundamental para el despegue del coche eléctrico. El decreto contemplaba generosas subvenciones para la instalación de puntos de carga, que ahora también quedan en el aire:
- Particulares en localidades pequeñas (menos de 5.000 habitantes): hasta un 80% de ayuda para instalar puntos de carga.
- Particulares en localidades mayores: subvenciones de hasta el 70% del coste.
- Empresas y administraciones públicas: ayudas del 35% al 60% para puntos de recarga de hasta 50 kW, dependiendo del tamaño de la localidad. En el caso de puntos de recarga superiores a 50 kW, las subvenciones oscilaban entre el 30% y el 40%.
La falta de estas ayudas no solo frena a los particulares, sino también a las empresas y administraciones que habían visto en el Plan Moves III una oportunidad para modernizar sus flotas y contribuir a la transición ecológica.
España ya está rezagada respecto a otros países europeos en la implantación de puntos de recarga y en la penetración del vehículo eléctrico. Este frenazo no hace más que aumentar la distancia. El Plan Moves III había sido un soplo de aire fresco, especialmente para las pequeñas localidades, donde la instalación de puntos de recarga podía haber impulsado el turismo sostenible y mejorado la calidad de vida de los residentes. Ahora, muchas de estas comunidades podrían quedarse fuera de la revolución verde.
Un retroceso en la transición al vehículo eléctrico
Para quienes estaban pensando en adquirir un coche eléctrico beneficiándose de estas ayudas, la pregunta ahora es: ¿comprar o esperar? La situación actual debe servir como un recordatorio de la importancia de la estabilidad legislativa para fomentar la transición ecológica. Mientras otros países avanzan a pasos agigantados, España no puede permitirse seguir perdiendo terreno.
En definitiva, el rechazo del decreto no solo supone un frenazo en seco para los planes de muchos compradores, sino también para el desarrollo de una infraestructura que todavía está en ciernes. La movilidad sostenible en España se enfrenta a un desafío sin precedentes, y la pregunta que todos nos hacemos es: ¿estamos retrocediendo en lugar de avanzar?