Reino Unido anunció el verano pasado sus objetivos para reducir su dependencia energética de los combustibles fósiles. Un informe de WWF estudia los costes de la transición a este nuevo modelo energético, que se basa en la adopción de la movilidad eléctrica para el transporte liviano.
El estudio plantea dos escenarios diferentes con una conclusión común: se requiere un aumento significativo en la producción de energía eléctrica ante la nueva movilidad basada en la electrificación. El primero, más conservador, estima una flota de 13 millones de vehículos eléctricos en 2030. El segundo, basado en la existencia de políticas de ayuda activas en favor de la movilidad eléctrica, y más restrictiva con los combustibles fósiles, estima que esta flota alcanzará, en 2030, los 20 millones de vehículos eléctricos.
En ambos casos los autores subrayan que el uso de la recarga inteligente reduciría las necesidades de producción de energía: 11 GW en el primer escenario y 15 GW en el segundo. Basándose en un estudio realizado por National Grid, los autores destacan que la electrificación del transporte podría provocar un importante aumento en los costes si no se interpone una gestión inteligente de la red eléctrica. En el estudio se estima que, si no se acomete algún tipo de regulación, los picos producidos por la recarga de los vehículos eléctricos podrían requerir entre 6 y 18 GW de potencia adicional. Además la incorporación de tecnologías V2G en los vehículos reduciría otros 2 GW en ambos escenarios.
Reducción de costes
Para lograr alimentar esta flota de vehículos eléctricos, se estima que el coste anual, en el primer escenario, sería de 2.500 millones de libras (unos 2.800 millones de euros). En el segundo se incrementaría hasta los 3.900 millones de libras (4.400 millones de euros al cambio actual). La carga inteligente permitiría la reducción del 42% y combinándola con los sistemas V2G se alcanzaría un 49%.
Los sistemas V2G
La tecnología V2G es particularmente prometedora, aunque se encuentra todavía en fase experimental. Su desarrollo requiere la coordinación entre los gobiernos y la industria, particularmente en la estandarización y operación de los equipos, a la que hay que añadir la necesaria aceptación por parte de los usuarios.
En este aspecto el ahorro en la factura eléctrica puede ser el principal aliciente para su adopción. En Reino Unido, el coste promedio de la energía para un propietario de un vehículo eléctrico que emplee una recarga estándar es de aproximadamente 175 libras (200 euros). Utilizando sistemas de recarga inteligente y V2G esta factura podría reducirse entre un 40 y un 50 por ciento.
Segunda vida de las baterías para equilibrar la red
Una vez alcanzado el final de su vida útil en un vehículo eléctrico las baterías pueden tener un segundo uso, lo que se llama la 'segunda vida de las baterías'. Su principal aplicación es el almacenamiento de energía estacionario. El volumen y la disponibilidad de estas baterías están estrechamente vinculados con el desarrollo del mercado de electromovilidad. Los autores del estudio estiman que en 2040 este tipo de instalaciones ahorrarán 18 GW de potencia a las plantas energética. Una capacidad que incluso podría ir más allá de las necesidades de la red eléctrica británica, lo que abriría el camino al sector de la exportación.
Sin embargo esta reutilización de las baterías incluye algunas incertidumbres. Depende de dos factores. El primero es el estado de degradación de las baterías en el momento en el que lleguen al final de su vida útil. El segundo la evolución del mercado en cuanto al coste de la tecnología, en el que las nuevas baterías resultan cada vez más asequibles.
Para que esta reutilización sea viable, y que su coste sea menor que el de usar baterías nuevas, estas deben permanecer en funcionamiento al menos 23 años: 13 en el vehículo y 10 más en el sistema de almacenamiento estacionario.
El estudio valora el potencial económico de este mercado en 250 millones de libras en 2040 y 1.000 millones de libras en 2050, según el escenario más conservador. Para el más optimista estima un valor de 400 millones en 2040 y 1.300 millones en 2050.
