La red de concesionarios española invertirá 68 millones de euros en 2020 para ampliar su red de infraestructura de recarga para vehículos eléctricos de 2.500 a 12.500 puntos.
Así lo avanzó la vicepresidenta ejecutiva de la Federación de Asociaciones de Concesionarios de la Automoción (Faconauto), Marta Blázquez, durante el acto 'Ciudadanía y movilidad sostenible, expectativas para una transición justa", organizado por la asociación en colaboración con el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y Mobility Car Experience, en el marco de la COP25.
Según la propia federación, la instalación de estos puntos de recarga, que significará quintuplicar los que hay actualmente, forma parte de la estrategia que están siguiendo los concesionarios para dar respuesta, en colaboración con los fabricantes y con socios energéticos, a la progresiva implantación del vehículo eléctrico y a las necesidades cotidianas de los clientes que apuestan por esta tecnología.
"Los concesionarios juegan ya un papel clave en la implantación del vehículo eléctrico porque están poniendo los medios y las inversiones para impulsarlo y porque hay un concesionario en cada ciudad o pueblo importante de nuestro país. Los concesionarios palpan la realidad y son la cara de la movilidad que ve el cliente. También por ello están en disposición de acelerar esta transición y de que sea inclusiva, ya que sus puntos de recarga no estarán sólo en la España urbanita, sino también en la vaciada", señaló Blázquez.
La patronal recuerda que "queda mucho por hacer" en cuanto a puntos de recarga, ya que España está lejos de alcanzar los entre 65.000 y 90.000 puntos necesarios para propiciar los cinco millones de vehículos eléctricos en circulación para 2030 que contempla el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), presentado por el Gobierno el pasado mes de mayo.
Faconauto también considera que la transición hacia una movilidad sostenible no pasa únicamente por implantar el vehículo de cero emisiones, sino también por retirar los vehículos más antiguos de la circulación. En este sentido, pide a las administraciones públicas que que pongan en marcha planes de achatarramiento y una fiscalidad 'verde' que penalice su uso.
