Apenas lleva menos un mes en el cargo y el presidente Donald Trump ya ha puesto en marcha una serie de cambios en el gobierno que están afectando a numerosas agencias federales encargadas de supervisar las empresas de Elon Musk, lo que está beneficiando de forma indirecta a uno de los empresarios más poderosos del mundo, según indica un informe de The New York Times (NYT).
Estos recortes de plantilla y cambios en la dirección se han extendido a al menos 11 organismos, que en conjunto gestionan más de 32 investigaciones, denuncias y acciones legales contra las seis compañías de Musk, entre las que figura Tesla, el icono de los vehículos eléctricos.
¿Qué hace el CEO de Tesla en el Gobierno de Trump?
Musk ocupa un cargo especial creado por Trump, como Director del Departamento de Eficiencia Gubernamental, que le permite revisar el gasto y la dotación de personal de todos los departamentos del poder ejecutivo. Esto le proporciona un acceso sin precedentes a la información y la toma de decisiones en el ámbito gubernamental, lo que ha suscitado serias críticas por parte de exabogados de ética tanto de administraciones demócratas como republicanas.
La preocupación se centra en el doble papel que desempeña Musk: por un lado, como magnate de empresas que gestionan miles de millones en contratos federales (entre ellos, 100 contratos con 17 agencias), y por otro, como funcionario con capacidad para influir en las políticas y decisiones de dichas agencias.
Entre sus empresas se encuentran Tesla, SpaceX, xAI, Boring Company, Neuralink y la plataforma X (antes Twitter), lo que genera un escenario propicio para posibles conflictos de intereses, al tener Musk la capacidad de beneficiarse directamente de decisiones que afecten a organismos que regulan o supervisan sus propias actividades.
Según ha declarado el senador de Connecticut Richard Blumenthal al NYT, el doble rol de Musk “crea flagrantes conflictos de intereses” y pone en riesgo a las instituciones más sagradas del país, sugiriendo incluso que podría estar violando la ley federal. La administración de Trump, sin embargo, defiende la postura de que, en caso de conflicto, corresponde a Musk excusarse de participar en determinados procesos de contratación o supervisión.
Las investigaciones a Tesla, paralizadas
Entre las medidas adoptadas por la nueva administración destacan el despido de varios altos funcionarios y la expulsión de empleados de carrera. Muchos de estos directivos estaban al frente de investigaciones clave o dirigían procesos judiciales contra empresas de Musk. Esto ha provocado un cambio de control en diversas agencias, sustituyendo a los funcionarios por personal de corte republicano, afines a las políticas de Trump y sus críticas hacia una regulación excesivamente agresiva.
Estas modificaciones han puesto en entredicho el futuro y la eficacia de investigaciones en curso. Entre ellas, se incluyen sanciones impuestas por la Administración Federal de Aviación (FAA) a SpaceX por incumplimientos en materia de seguridad, y una demanda interpuesta por la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) contra Musk, que podría obligarle a pagar hasta 150 millones de dólares por presuntas infracciones de la ley federal de valores. Además, la Junta Nacional de Relaciones Laborales (NLRB) lleva abiertas 24 investigaciones sobre sus empresas, lo que afecta especialmente a cuestiones laborales en plataformas como Twitter, ahora X, y en otras áreas del grupo empresarial.
En el caso de Tesla, el NYT destaca también que uno de los organismos afectados es la Oficina de Protección Financiera del Consumidor (CFPB). Esta agencia, encargada de supervisar asuntos financieros, tenía abierta una base de datos con cientos de quejas sobre el fabricante, principalmente relacionadas con problemas en el cobro de deudas o préstamos.
Sin embargo, con la orden de Trump de suspender todas las investigaciones en curso, la CFPB ha quedado, al menos de forma temporal, paralizada. Este cese en la actividad reguladora beneficia directamente a Tesla, ya que reduce el riesgo de sanciones o de procedimientos que pudieran afectar su imagen y operativa, en un contexto en el que la empresa depende de la confianza del consumidor y de la estabilidad regulatoria para seguir creciendo en el competido mercado de los vehículos eléctricos.
Implicaciones para la industria y el futuro de los vehículos eléctricos
La saga de recortes y cambios en las agencias federales, iniciada con la llegada de Trump, revela un panorama de incertidumbre en el que se entrelazan intereses políticos, económicos y empresariales. Para empresas como Tesla, estos cambios pueden suponer tanto ventajas como riesgos.
Por un lado, la suspensión temporal de investigaciones por parte de la CFPB y la posible flexibilización en el control de otras entidades reguladoras reducen la presión sobre la empresa y pueden facilitar la obtención de contratos y la expansión de su negocio. Por otro, el aumento del poder de Musk en la esfera pública, junto con las acusaciones de conflictos de intereses, podría generar una mayor desconfianza entre los consumidores y los inversores, quienes exigen transparencia y un marco regulador que garantice la seguridad y la equidad en el mercado.
El hecho de que las empresas de Musk, hayan obtenido en los últimos cinco años cerca de 13.000 millones de dólares en contratos con el gobierno federal, subraya la magnitud del entramado entre la iniciativa privada y la administración pública.
Mientras se espera que, en el caso de SpaceX, se aceleren las aprobaciones para lanzamientos espaciales, en el ámbito financiero y laboral se observa un panorama en el que las investigaciones y sanciones parecen ir a la baja, al menos en el corto plazo. Esta situación ha generado un intenso debate entre legisladores, exfuncionarios y expertos en ética, que advierten sobre la necesidad de revisar las normas federales para evitar abusos de poder y proteger la integridad de las instituciones.
En los próximos meses se definirán los límites y las consecuencias de estos cambios, tanto para Musk y sus empresas como para la estructura misma del gobierno estadounidense. Mientras tanto, el sector de la movilidad eléctrica y la industria tecnológica en general observarán con atención cada movimiento, conscientes de que en un entorno tan dinámico y polarizado, las decisiones políticas pueden tener un impacto directo en el futuro de la innovación y en la confianza del consumidor.