La presión sobre la industria automotriz europea no cede, y ahora los líderes de Alemania, Italia y la República Checa están intensificando sus esfuerzos para convencer a Bruselas de que elimine las sanciones a los fabricantes que no cumplan con los estrictos objetivos de emisiones de CO2 fijados por la Unión Europea para 2025.
El canciller alemán, Olaf Scholz, señaló tras una cumbre de líderes de la UE que las multas podrían limitar la capacidad de inversión de las empresas en la electrificación de sus productos.
Scholz, que se enfrenta a unas elecciones anticipadas en febrero, dejó claro que aunque los fabricantes están lanzando nuevos modelos eléctricos, no se puede obligar a los consumidores a comprarlos. "Creo que lo correcto no es imponer multas sino estudiar cómo hacerlo. No es sencillo, pero he tenido debates en profundidad y creo que se encontrará una manera [de solucionarlo]", afirmó Scholz.
El canciller alemán también dijo que otros líderes de la UE habían se habían mostrado de acuerdo con su idea de discutir este problema en la próxima cumbre de la UE, que se celebrará en marzo.
Entre ellos se encuentran los primeros ministros de Italia y la República Checa, dos importantes países en fabricación de vehículos, que también tienen en sus planes instar a Von der Leyen a eliminar las multas a los fabricantes que no cumplan los objetivos de CO2, según dijeron diplomáticos de la UE que han preferido quedar en el anonimato.
De hecho, esta postura ha sido respaldada por una nueva iniciativa de la Comisión Europea, llamada "Diálogo Estratégico sobre el Futuro de la Industria Automotriz". Esta iniciativa, lanzada por la presidenta Ursula von der Leyen, busca reunir a empresas y sindicatos para desarrollar propuestas que fortalezcan al sector. Von der Leyen aseguró que estas conversaciones "garantizarán que el futuro del automóvil siga firmemente arraigado en Europa".
Sin embargo, el problema no es solo técnico, sino económico. Según estimaciones de la industria, los fabricantes de automóviles podrían enfrentarse a multas de hasta 15.000 millones de euros por no cumplir con los límites de emisiones.
El Grupo Volkswagen, el mayor fabricante automovilístico europeo, sería el más afectado. Y las multas llegarían en un momento crítico para la industria, que ya enfrenta vicisitudes como una caída de la demanda, la creciente competencia de fabricantes chinos y unas ventas de vehículos eléctricos por debajo de lo esperado.
Francia, aunque no aboga por relajar los objetivos de CO2, también ha mostrado su apoyo a encontrar soluciones que eviten sanciones el próximo año. En una reciente reunión de ministros de la UE, Agnes Pannier-Runacher, ministra francesa de Clima, explicó: "La realidad a la que nos enfrentamos ahora no es la que estábamos preparados para empezar".
El debate sobre las sanciones ha dividido a los Estados miembros. Países como Austria, Bulgaria, Rumania y Eslovaquia han pedido a la UE que reconsidere sus políticas, mientras que otros, como Suecia, donde los coches eléctricos ya son mayoría entre las nuevas matriculaciones, abogan por mantener las multas para garantizar el cumplimiento de los objetivos climáticos.
El trasfondo de esta tensión es el riesgo de cierres de plantas y pérdida de empleos, amenazas que la industria no deja de señalar y destacar. Los fabricantes advierten que las sanciones, combinadas con las complejidades de la transición al vehículo eléctrico, podrían asestar un golpe muy duro al sector en un momento en el que debería consolidarse como líder global en electrificación.
La discusión sobre el futuro de estas medidas se retomará en marzo, cuando los líderes de la UE revisen los resultados del Diálogo Estratégico.