La Comisión Europea ha anunciado hoy la aprobación final del Reglamento de Infraestructura de Combustibles Alternativos (AFIR, por sus siglas en inglés), una normativa legal que regula el número de cargadores para vehículos eléctricos que deberán tener las principales carreteras europeas. Esto marca el paso final de un proceso legislativo que comenzó en julio de 2021.
La infraestructura de recarga y el número de cargadores rápidos en vías públicas difiere mucho entre países. El caso de España es vergonzante, pues estamos prácticamente a la cola de la Unión Europea en cuanto a cargadores rápidos para coches eléctricos, solamente por delante de Hungría.
Aunque sea perfectamente plausible viajar en un coche eléctrico por nuestro país, no puede negarse la evidencia: en comparación con otros países europeos, viajar en un eléctrico es un poco más incómodo y requiere de mayor planificación. Esto puede acabarse a partir de 2026, fecha en la que todos los países miembros de la Unión Europea deberán contar con cargadores rápidos cada 60 kilómetros, como máximo.
Como parte de las medidas 'Fit for 55', presentadas para cumplir con el Pacto Verde Europeo de reducción de emisiones de efecto invernadero, la Unión Europea desplegará más estaciones de recarga y de repostaje de combustibles alternativos en los próximos años. Además del beneficio a los usuarios particulares, también pretende allanar el camino de la descarbonización al sector del transporte por carretera y facilitar así la adopción de los camiones eléctricos.
Según este reglamento, para el año 2026 será necesario instalar estaciones de recarga rápida para coches, furgonetas y vehículos eléctricos pesados cada 60 kilómetros a lo largo de los principales corredores de transporte de la Unión Europea (las carreteras que forman la Red Transeuropea de Transporte). Los requisitos mínimos se detallan a continuación.
1) Infraestructura de recarga para coches y furgonetas. A partir de 2025, será necesario instalar estaciones de recarga rápida de, al menos, 150 kW de potencia cada 60 kilómetros a lo largo de la red transeuropea de transporte (RTE-T).
2) Vehículos eléctricos pesados. Deberán instalarse cargadores con una potencia mínima de 350 kW cada 60 kilómetros a lo largo de la red principal de la RTE-T y cada 100 kilómetros en la red integral de la RTE-T a partir de 2025, con una cobertura completa de la red para 2030. Además, las estaciones de recarga deben instalarse en áreas de estacionamiento seguras para la recarga nocturna, así como en nodos urbanos para vehículos de reparto.
3) A partir de 2030, se debe desplegar una infraestructura de repostaje de hidrógeno que pueda servir tanto a turismos como a camiones con puntos de abastecimiento en todos los nodos urbanos y cada 200 kilómetros a lo largo de la red básica de la RTE-T.
4) Los puertos marítimos que reciben al menos 50 escalas de grandes buques de pasajeros, o 100 escalas de buques portacontenedores, deberán proporcionar electricidad en tierra para dichos buques en el año 2030. Esto ayudará a reducir la huella de carbono del transporte marítimo y también a reducir significativamente la contaminación del aire en las áreas portuarias.
5) Los aeropuertos deben proporcionar electricidad a las aeronaves estacionarias en todas las puertas para 2025 y en todos los puestos remotos para 2030.
6) Los operadores de las estaciones de recarga eléctrica y de hidrógeno deberán facilitar un método de pago ad hoc común, como una tarjeta de débito o crédito, así como garantizar la total transparencia de los precios. Con esta medida, se busca simplificar el pago y eliminar la necesidad de usar una app diferente para cada operador.
"La nueva ley es un hito de nuestra política 'Fit for 55' que proporciona una mayor capacidad de recarga pública en las calles de las ciudades y en las autopistas de toda Europa. Somos optimistas de que, en un futuro próximo, los ciudadanos podrán cargar sus coches eléctricos tan fácilmente como lo hacen hoy en las gasolineras tradicionales", ha declarado la ministra de Transporte y Movilidad, Raquel Sánchez, que este semestre asume la presidencia rotatoria de las reuniones ministeriales del ramo en la UE.
Tras la aprobación final de estas medidas, está previsto que el texto de la directiva se publique en el Diario Oficial de la Unión Europea en la segunda quincena de septiembre.
Otras medidas aprobadas
El reglamento AFIR se ha aprobado junto a una serie de medidas para ayudar a acelerar las prácticas de eficiencia energética y el establecimiento de un objetivo legalmente vinculante para reducir un 11,7 % el consumo de energía de la Unión Europea para el año 2030 en comparación con 2020.
Los países de la UE ahora estarán legalmente obligados a priorizar la eficiencia energética en la formulación de políticas, la planificación y las grandes inversiones, lo que otorgará al "primer principio de eficiencia energética" una posición legal sustancial por primera vez.
Además, los países de la UE han acordado casi duplicar su obligación anual de ahorro de energía en los próximos años; deberán lograr una tasa de ahorro de energía anual promedio del 1,49 % de 2024 a 2030, frente al requisito actual del 0,8 %. Con esto se pretende impulsar el ahorro de energía en sectores críticos como los edificios, la industria y el transporte. La Directiva actualizada también pone un mayor énfasis en aliviar la pobreza energética de los consumidores.
En cuanto a las emisiones de gases de efecto invernadero de los barcos, el nuevo Reglamento Marítimo FuelEU garantizará que la intensidad de los gases de efecto invernadero de los combustibles utilizados en el transporte marítimo disminuya gradualmente con el tiempo: un 2% en 2025 y hasta un 80% en 2050.